'Polarización, por vacíos legales'
La sanción que se aprobó aplicar al presidente municipal de Durango por parte del Congreso local generó polémica, por lo que este tipo de acciones deberían definirse en otras instancias para evitar la politización.
A decir del diputado local Esteban Villegas Villarreal (PRI), es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la instancia que debería imponer las sanciones por la violación a la legislación electoral, para que estas se acaten sin generar polarización en los estados.
"Tiene que haber una reforma al artículo 134 constitucional porque no está regulado, lo primero que se tiene que hacer es reformarlo en el Congreso de la Unión para que las sanciones queden en la parte judicial", señaló.
Y es que, explicó, el Congreso es un ente político ya que los diputados emanan de partidos. "Un Congreso es muy complicado que no meta el tema político cuando hay un juicio de esta naturaleza, por eso el voto en abstención", dijo.
En cambio, si la sanción la hubiera impuesto el TEPJF se tendría que acatar sin confrontaciones políticas que, a decir del legislador, impactan de manera negativa en aspectos como la inversión.
Por su parte el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN) descartó que la sanción sea por una instrucción del gobernador y enfatizó que únicamente se acató una instrucción del Tribunal Electoral.
El presidente de la Comisión de Responsabilidades, Gerardo Villarreal (PVEM), informó que no se ha notificado sobre el amparo promovido por el alcalde y dijo que si se presenta se analizará ya que en materia electoral no existe la figura del amparo. Agregó que nadie ha puesto en tela de juicio la violación del presidente municipal a la Constitución.
Plazo
Se tiene un plazo de 30 días para llevar a cabo el procedimiento en el Congreso; sigue en curso ya que no se ha notificado sobre algún amparo.
Postura
Vale la pena recordar que el Grupo Parlamentario del PRI se abstuvo de votar a favor o en contra de la definición de la sanción.
Polarizado
El diputado del PVEM demandó que el Congreso no sea utilizado como bandera política para la victimización.