El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró muerta la reforma educativa de su predecesor, Enrique Peña Nieto, a través de un memorándum emitido este martes que deja sin efecto los cambios legales de 2013.
El documento moviliza a tres secretarías para liberar a los maestros que estén encarcelados por oponerse a la reforma, reinstalar a los docentes que hayan perdido su trabajo tras no aprobar las evaluaciones contempladas en la ley anterior y asumir el pago de nóminas de los profesores.
El Gobierno ha decretado la medida tras semanas de estancamiento en el Congreso, donde la coalición liderada por el partido de López Obrador (Morena, izquierda) no ha podido acordar un nuevo proyecto de ley que satisfaga a la disidencia magisterial y les asegure los votos necesarios de los otros grupos parlamentarios para aprobarlo. La oposición niega que la acción tenga sustento legal y ya ha adelantado que impugnará la decisión ante la justicia.
La medida del presidente ha abierto, además, un debate sobre las competencias del Ejecutivo y sobre cuáles son los procedimientos a seguir para derogar una reforma constitucional. "Jurídicamente no tiene ninguna validez", afirmó ayer el exministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío, quien señala que "el presidente no tiene facultades para ordenar la abrogación de una reforma constitucional". Cossío asegura que el memorándum de López Obrador puede ser "fácilmente impugnable".