En medio de una justificada desconfianza frente al desempeño de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHC), el Congreso Local expidió en días pasados la convocatoria para elegir al Presidente de dicho organismo, encargado de la protección y defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, frente a los abusos de los órganos de gobierno, y otros factores reales de poder entre los que destaca el crimen organizado.
El organismo de referencia poco ha significado en la lucha por los Derechos Humanos de las víctimas entre otros casos, en el campo del derecho a la salud de los coahuilenses, y en relación a la violencia sufrida en los últimos trece años, con saldo de muertos y desaparecidos, en los que con frecuencia ha sido imperceptible la línea que divide a las instituciones públicas de la delincuencia organizada.
Ejemplo de ineficiencia lo encontramos en la resolución dictada el treinta de mayo pasado por la CDHC, con motivo de una queja presentada tres años antes, por el Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, desde julio de dos mil diez y seis, en relación a la violación sistemática al derecho a la salud, derivada del mal funcionamiento del Hospital General de la ciudad de Torreón.
La tardía y tímida resolución en comento, no corresponde a la importancia de las deficiencias reclamadas que en aquel entonces señalaron a las autoridades estatales del sector salud, como responsables de graves anomalías que tuvieron como resultado entre otros, la muerte de al menos ocho infantes en el nosocomio referido.
Además de lo extemporáneo de la respuesta de la CDHC, destaca lo tibio de la resolución que se limita a recomendar generalidades que por obvias resultan vergonzosas, cuando ordena que "se dicten las medidas administrativas para que se suministre el medicamento que sea necesario, y se abastezca el material de curación que se requiera...". Es cierto que la Comisión de Derechos Humanos en cuanto tal carece de "dientes" es decir, de capacidad coercitiva para hacer valer sus determinaciones de manera forzosa pero al menos, la recomendación debió haber sido más concreta y determinar una ruta de cumplimiento, con el apoyo de otras instituciones del Estado, que sí tienen los medios jurídicos y materiales para restituir a los quejosos en el goce del derecho vulnerado.
Hasta ahora la Comisión en comento solo ha servido de tapadera de actos de mal gobierno sin embargo, la existencia de una mayoría de oposición en el Congreso, el crecimiento exponencial del flujo de migrantes y el rezago en la búsqueda de personas desaparecidas, que causa justificado y creciente enojo entre los colectivos comprometidos en esa lucha, revelan la necesidad evidente de contar con un organismo que en materia de derechos humanos, sirva de sano contrapeso a la autoridad.
La búsqueda y aplicación del contrapeso referido, exige que los Diputados al Congreso de Coahuila designen como Presidente de la Comisión a un candidato que tenga el perfil ciudadano que sea idóneo es decir, que esté alejado de las estructuras burocráticas, que no tenga compromwisos partidistas, que tenga experiencia y trayectoria de participación en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos desde una trinchera social y que por formación académica, tenga la preparación necesaria en esa materia específica.
Son ocho los candidatos a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que participan en la competencia en comento. La carrera profesional de la mayor parte de ellos se encuentra vinculada de manera orgánica al régimen en turno, por lo que resulta claro que el actual Gobierno jugará sus cartas en un intento por mantener el control del organismo.
También hay entre los candidatos quienes reúnen un perfil independiente, indispensable para el desempeño del puesto y en consecuencia, corresponde a la sociedad civil organizada y en especial a en los colectivos empeñados en la defensa de los Derechos Humanos, el hacer conciencia entre los diputados locales de los distintos partidos, para que elijan a un candidato que reúna las condiciones de idoneidad para presidir la CDHC.