Gasoducto enfrenta a México, EU y Canadá
La península de Yucatán se oscureció por lo menos una vez en los meses de marzo, abril y junio de este año. Los mexicanos del sureste padecieron los tres masivos cortes de electricidad en los días cálidos de primavera en los que el termómetro llegó a alcanzar los 40 grados.
La demanda de luz en esos días fue altísima, debido principalmente al intenso uso del aire acondicionado, pero el suministro eléctrico no fue suficiente. La región sufre desde hace varios años una importante escasez de gas natural para generar la energía eléctrica que eche a andar no solo los sistemas de aire acondicionado, sino también a la industria. "No hay luz porque no hay suficiente gas en la península de Yucatán", resume Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC.
Para reparar la histórica escasez, el Gobierno mexicano organizó en 2016 la construcción de un gasoducto para traer el hidrocarburo desde Estados Unidos. El proyecto era ambicioso: un ducto de 42 pulgadas en el fondo del golfo de México que recorriera 800 kilómetros desde Brownsville (Texas, EU) hasta Tuxpan (Veracruz) para suministrar una tercera parte de todo el gas natural necesario para México. La obra de 2.000 millones de dólares fue asignada a la canadiense TCEnergy -conocida anteriormente como TransCanada- y a IEnova, una subsidiaria de la estadounidense Sempra.
El plan, diseñado por la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, era que para finales de 2018 el gas estuviera ya en la Península. Las empresas se demoraron casi seis meses más en terminar la construcción y el 11 de junio de 2019 anunciaron que el ducto estaba listo.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debía emitir una constancia en la que aceptaba la obra terminada y en la que ponía una fecha de inicio de operaciones. Esto aún no ha sucedido. Su director, Manuel Bartlett -un veterano político con poca experiencia en el sector energético- planteó entonces una renegociación de los contratos firmados en 2016 con TCEnergy e IEnova. "El propósito del Gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos", dijo el director de la CFE, entonces. Las firmas se negaron y ambas partes amenazaron con comenzar una pelea en tribunales internacionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado las condiciones de los contratos como "excesivos y leoninos". Su Gobierno buscaba con la renegociación dos objetivos: conservar el monto de una carta de crédito dado como garantía por las empresas y modificar la responsabilidad de las partes en eventos de fuerza mayor (como desastres naturales, accidentes, o movimientos sociales). Monroy, de GMEC, explica que los términos del contrato original entre las empresas y la CFE están dentro de los estándares internacionales y que no son abusivos, como ha argumentado Bartlett.
"CFE va a perder porque el contrato está así y no lo pueden negar y cuando pierda le van a salir carísimo al Gobierno mexicano, van a tener que pagar hasta los taxis de los abogados", comenta Monroy. López Obrador ha organizado en las últimas semanas mesas de negociación entre la CFE y las empresas involucradas, sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo. López Obrador ha asegurado que la disputa podría terminar esta misma semana. La tensión por el gasoducto ya ha escalado internacionalmente. El primero en manifestar su descontento fue el embajador de Canadá en México, Pierre Alaire: "Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos", escribió en junio, en su cuenta de Twitter.