Culiacán: improvisación e ineptitud que marcará el sexenio
El operativo fallido implementado por el Ejército y la Guardia Nacional en Culiacán el pasado jueves 17 de octubre que culminó con la decisión de liberar a un presunto delincuente ante la presión ejercida por el cártel asentado en esa ciudad, marca un punto de inflexión significará para el gobierno del Presidente López Obrador un punto de inflexión, se entenderá como un antes y después, aun considerando que es apenas el comienzo en su aún temprano periodo de gobierno, a raíz de la decisión de liberar a un presunto delincuente ante la presión ejercida por el cártel asentado en esa ciudad, y que incluyó, según reportes periodísticos, el secuestro de familiares de militares.
En términos simbólicos, la fecha significará algo parecido a lo que significa el 26 de septiembre para el sexenio de Enrique Peña Nieto, en ambas fechas se hizo patente la debilidad del estado gobierno mexicano para aplicar el estado de derecho, dejando la sensación de que no puede o no quiere cumplir con una de sus obligaciones básicas.
Aunque lo sucedido en ambas fechas es una muestra patente de las carencias de los tres niveles de gobierno para aplicar el estado de derecho la ley, el pasado jueves 17 de octubre tiene el componente adicional de la falta de planeación y trabajo de inteligencia por parte del gobierno federal para prever la respuesta de la principal organización criminal del país, que cuenta con amplios recursos en términos de movilización y poder de fuego, al intentar capturar a uno de sus presuntos líderes, lo que dio pie a tomar una decisión que marcará este sexenio.
Seguramente cualquier analista de inteligencia, ya sea de nuestro país o de los Estados Unidos, con un par de años estudiando a la que algunos consideran la mayor empresa criminal del mundo, puede estimar el número de personas y el poder de fuego a disposición de este grupo en Culiacán, su centro de operaciones. Sin acceso a reportes de inteligencia y considerando el tamaño de la organización criminal que le atribuyen investigaciones periodísticas, el sentido común dicta que ese número estará en un rango ubicado en cientos o tal vez miles de personas asentadas en esa ciudad.
La evidente improvisación e incapacidad por parte del gabinete de seguridad para planear una operación de alto nivel con el objetivo de detener a uno de los presuntos cabecillas de este grupo, resultado de una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, hizo que la decisión de liberarlo que tomó el mismo gabinete de seguridad horas después y que, según el dicho del Presidente, él avaló, se entienda como la claudicación del estado mexicano ante el crimen organizado.
Algunos reportes periodísticos señalan que Seguramente la decisión dela liberación der a l este presunto delincuente fue producto de negociaciones que nunca saldrán a la luz, y tal vez involucraron preservar o la vida de decenas de personas familiares de militares, por lo que se tomó una decisión pragmática, aún a sabiendas de lo que significa para el estado mexicano reconocer que al crimen organizado no le aplican la Constitución ni las leyes.
La decisión que tomaron el Presidente y su gabinete de seguridad seguramente tendrá repercusiones en la forma de operar de los cárteles de drogas, especialmente de los más poderosos. El mensaje para los líderes de la delincuencia organizada es claro: si tienes el número suficiente de hombres armados y poder de fuego para sitiar una ciudad o comunidad, aunado a la voluntad de asesinar inocentes para evitar tu captura, tienes impunidad.
En lo que pareciera un ejemplo perfecto de la dificultad de tratar con problemas públicos complejos, que por definición no tienen un principio o fin definido y van mutando a través del tiempo, se podría decir que estamos ante un ciclo que probablemente se repetirá cada vez que haya una orden de aprehensión a un líder del crimen organizado: el gobierno federal no ejecutará órdenes de aprehensión para cuidar a la población de acciones como las que vimos en Culiacán por parte del crimen organizado, con lo que los líderes criminales tendrán incentivos para que su amenaza de tomar represalias sea cada vez más creíble, lo que significará aumentar constantemente el número de hombres disponibles y su poder de fuego.
Sin duda, lo sucedido en Culiacán pone a prueba la capacidad del gobierno para replantear su estrategia de seguridad, con el fin de evitar dar incentivos a la delincuencia organizada para aumentar su poder de fuego y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones básicas para con los ciudadanos. La improvisación e ineptitud del gobierno federal para llevar a cabo una detención de alto nivel lo llevó a tomar una decisión que marcará su período de gobierno.
Twitter: @jesusmenav