Busca ley de austeridad acabar con 'derroches'
La nueva Ley de Austeridad Republicana, publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ataca los "excesos" en el gasto público, que abarcan desde el uso de aeronaves, camionetas de lujo, guardias y seguros privados, hasta los "derroches" en luz, agua y telefonía, y otros "gastos de oficina innecesarios".
Además, establece un periodo de 10 años durante el cual los exfuncionarios de mando superior no pueden ocupar cargos en empresas que "hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público". También endurece las reglas contra el nepotismo y el conflicto de interés, y plasma la cancelación de las pensiones y la asignación de agentes de seguridad para los expresidentes.
De igual manera, la legislación restringe la asignación de secretarios particulares y de choferes en la alta burocracia; elimina las plazas con nivel de Dirección General Adjunta "que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento"; quita la remuneración de los representantes gremiales en los órganos tripartidos; limita fuertemente la contratación de servicios de consultoría y asesoría; y "ajusta" la asignación de publicidad oficial.
A la par, pone un fuerte candado sobre la constitución de fideicomisos públicos, por lo que estas figuras quedan prohibidas en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, excepto "cuando se encuentren previstos en ley".
Los entes públicos que constituyan fideicomisos deberán contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -que será el "fideicomitente único"- y transparentar los fondos sin la "protección del secreto o reserva fiduciarios", y cualquier violación a estos principios será considerada como una "falta administrativa grave".
Las disposiciones anteriores se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval, y la SHCP, a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez, que "estarán facultadas para interpretar esta ley".