Deroga Bolivia decreto de inmunidad penal
El decreto que daba inmunidad penal a militares y policías en Bolivia quedó derogado este jueves, tras considerar el Gobierno interino que el país logró "la ansiada pacificación".
La presidenta provisional Jeanine Áñez anunció la derogación del decreto, muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, donde la violencia desde los comicios fallidos del 20 de octubre deja 34 muertos, muchos por disparos durante operativos militares y policiales.
"Hemos logrado la ansiada pacificación", sostuvo Áñez en una breve comparecencia en el palacio de Gobierno en La Paz.
La mandataria interina argumentó que el decreto supremo que emitió el pasado 14 de noviembre, dos días después de asumir el poder, era "un recurso constitucional" tomado ante "acciones violentas que nunca antes" habían visto en la "historia" de Bolivia.
Jeanine Áñez se refirió expresamente a lo que calificó como "días de terror" en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde aseguró que estuvo en riesgo la vida de más de 250,000 personas en lo que pudo ser "una tragedia de dimensiones devastadoras" en una refinería.
Al menos diez civiles murieron por disparos tras un operativo militar y policial el pasado 19 de noviembre en esta ciudad de cerca de un millón de habitantes, cuando grupos de manifestantes contrarios al Gobierno de Áñez se concentraban ante la refinería.
El Ejecutivo interino niega que las fuerzas del orden dispararan, mientras que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una delegación a Bolivia, denunciaron un uso excesivo de la fuerza en este y otros operativos.
Otros nueve civiles murieron por disparos en la ciudad boliviana de Sacaba el pasado 15 de noviembre en una intervención de fuerzas del orden.
Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que presentó un recurso de inconstitucionalidad, y otras entidades desde el exterior y en el país criticaron duramente el decreto supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares y policías si actuaban con "proporcionalidad" y "en legítima defensa".