El presidente Andrés Manuel López Obrador está construyendo una nueva hegemonía política en México con su Movimiento de Regeneración Nacional. De cierta forma, está tratando de llenar el vacío que dejó el Partido Revolucionario Institucional en su derrota histórica de 2000, tras 70 años de hegemonía y régimen de partido de Estado. Pero a diferencia del PNR-PRM-PRI, Morena no surge de una lucha armada revolucionaria, sino por una lucha electoral; aunque sí conserva la esencia caudillista de los primeros años del partido tricolor, esencia que en este caso se concentra en la figura de López Obrador, que no tiene rival dentro ni fuera de su partido. Otra diferencia importante es que mientras el PRI surgió primero sobre una base de partidos regionales y estatales, y luego de corporativos y sindicatos, Morena se ha constituido sobre un conglomerado popular heterodoxo y ajeno a la institucionalidad, en una especie de partido atrapalotodo cuyo único eje aglutinador es López Obrador.
A un año de haber alcanzado la máxima magistratura del Estado, su capital político sigue siendo avasallador, mismo que está utilizando para golpear, controlar o influir en aquellas instituciones que deberían servirle de contrapeso. Tras 18 años de caótica alternancia, en los que hubo avances en materia de democracia electoral, pero no institucional, México vive un nuevo proceso de concentración del poder político en la figura del actual presidente de la República. La desigualdad, corrupción y violencia allanaron el camino para el arribo de un hombre que logró hábilmente hacer de su vida y lucha la mejor narrativa política de los últimos 40 años en México: el humilde y honesto activista militante de la izquierda que se enfrenta al poder de una oligarquía que ha saqueado al país y lo ha sumido en el caos y la violencia. Y no importa que ese caos y violencia continúen, incluso con mayor fuerza, López Obrador mantiene su discurso de culpar al "PRIAN", la "mafia del poder", los "conservadores" y los "fifís", de todos los males que padece México. No importa tampoco que haya tenido que pactar con una parte de esa mafia para llegar al poder y echar a andar sus planes y proyectos.
Frente al poder e influencia que el presidente ha acumulado, en detrimento de la deseable democracia institucional antihegemónica de pesos y contrapesos, los gobiernos estatales y municipales tienen poco margen de maniobra, sobre todo cuando son emanados de partidos de oposición. De ambos niveles de gobierno, el más vulnerable es el ayuntamiento, puesto que es el que cuenta con menos autonomía financiera y menos capacidad institucional. Y esto es todo un contrasentido, ya que el nivel de gobierno más cercano a la gente es el más débil y menos autónomo, en términos generales. Dicha situación los coloca en un plano de alta vulnerabilidad frente a los otros dos ámbitos de gobierno, principalmente frente al que está acumulando más poder, es decir, el federal. El control e influencia que ejerce ya o está comenzando a ejercer el gobierno de la República en el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismos autónomos, congresos y gobiernos estatales, deja a los ayuntamientos prácticamente a la deriva de la línea del centro.
Frente a esta nueva realidad, los ayuntamientos tienen tres vías complementarias para intentar defender su autonomía y fincar su fortaleza. La primera de ellas es la gobernanza, que puede entenderse como el ejercicio del poder político sobe la base de una legitimidad social dada por la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y las instituciones. En la medida en que un gobierno municipal posea legitimidad y cuente con la representación de los ciudadanos, tendrá la fortaleza necesaria para encarar los posibles golpes de poder y desplantes de un partido-gobierno que se asuma como hegemónico. Entre más divorciado esté un ayuntamiento de su sociedad, más vulnerable será. La segunda vía es la construcción de redes con otros municipios, las cuales tienen que ir más allá de la afinidad ideológica para superar la trampa del discurso polarizador y transitar hacia fines prácticos de defensa de los intereses de sus ciudadanos. Dichas asociaciones o redes pueden ser de carácter territorial, como las zonas metropolitanas; o de carácter dimensional, en el que la semejanza por tamaño, número de población y problemática, lleve a la construcción de frentes comunes. La tercera vía consiste en una colaboración institucional con el gobierno estatal que permita al ayuntamiento salvar sus limitaciones, como en el caso de la seguridad, obra pública y atracción de inversiones. Los municipios menos poblados necesitan más de dicha colaboración, aunque ninguno está exento de requerirla.
Si los ayuntamientos logran hacer de la gobernanza interna, la unión horizontal y la colaboración vertical su norma, será mucho más difícil que sucumban ante la nueva hegemonía nacional.
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