México, del Estado de Derecho al Estado de Persecución
Aunque ahora los mafiosos de la 4T niegan la paternidad de la iniciativa de Reformas Constitucionales y legales en materia de administración y procuración de justicia, queda claro que el Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, comandado por el Zacatecano ex priista, ex perredista y ahora renegado Morenista Don Ricardo Monreal Ávila, el próximo 15 de febrero, presentaran al pleno, una iniciativa que colocará al ciudadano como potencial delincuente y lo despojara de la garantía constitucional de la "Presunción de Inocencia", por lo que podremos ser detenidos a la menor sospecha y sin mandamiento de juez alguno, bastara la petición del Ministerio Público.
A la perdida garantista de la "Presunción de Inocencia", por la cual podremos ser detenidos y arraigados (hasta por 40 días), en lo que se integra la carpeta de investigación, debe agregarse la Ley de Extinción de Dominio, que también, con la simple sospecha del Ministerio Público, o los tentáculos de la poderosa y persecutoria "Unidad de Inteligencia Financiera", podrá despojarnos de nuestros bienes muebles e inmuebles. ¿Así o mas facciosos?
De un suspiro y por un simple capricho o venganza, los Ciudadanos podremos perder en un solo acto y en un solo momento procesal, nuestra libertad y ser despojados de nuestros bienes materiales.
Ahora se premiará la ineficacia y la ineficiencia del Ministerio Público, pue ante la imposibilidad de "Investigar para Detener", ahora "Detendrán para investigar" (arraigo hasta por 40 días para todos los delitos, prisión preventiva oficiosa y recepción de pruebas de origen dudoso) y sí el inculpado resulta inocente, la Fiscalía General de la República, solo estará obligada a ofrecerle una Republicana disculpa al perjudicado ciudadano.
Ahora todos somos sospechosos o culpables, hasta que demostremos lo contrario. Hasta el día de hoy el Ministerio Público tenía la carga de la prueba, ahora solo bastara con la presunción para detenernos
En materia de política partidista, se pone mucho más interesante y truculento, es más, hasta el famoso Arturo Durazo Moreno, "El Negro", distinguido mafioso, persecutor y matón al servicio del Revolucionario Institucional, quedaría ruborizado ante la propuesta de los legisladores de la 4T, pues, otra vez, con la simple sospecha de un adversario político, podrá recurrir al Ministerio Público, para que intervengan los teléfonos, las conversaciones de los líderes políticos y sus funcionarios públicos y proceder en consecuencia. Esto es, la 4T legaliza el espionaje y podrá usar la información obtenida para refundir en la cárcel a su adversario político y por consiguiente allanarse el camino rumbo a las urnas y ganar las elecciones.
Con esta reforma que permite el espionaje telefónico, los genios legisladores de la 4T, podrá ganar fácilmente el 2021.
El artículo 16 de la Constitución General de la República, palabras mas, palabras menos, (cito de memoria) dice que ningún ciudadano podrá ser molestado en su posesión bienes o derechos, sino por mandamiento de autoridad judicial que juzgue y motive, la negativa o la autorización para catear un domicilio, intervenir una o varias líneas telefónicas, intervenir correspondencia y solicitar todo tipo de documentos a un ciudadano sospechoso de "delito" para ser detenido. Otra vez, el ahora robustecido e inútil Ministerio Público, con facultades, igual o superiores a las del Poder Judicial, podrá autorizar el cateo y detención de cualquier ciudadano.
De un plumazo, los genios legisladores Morenistas, más el inútil Secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo, el desdibujado Fiscal General Don Alejandro Gertz Manero y la obsoleta Secretaria de Gobernación, la tía Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, todos ellos defensores de las ocurrencias del Tlatoani Mayor y líder de la 4T, Don Andrés Manuel López Obrador, pondrán en un solo cajón las facultades del Poder Judicial (administrar justicia) y las del Ministerio Público (procurar Justicia) en perjuicio de los mexicanos, auspiciando con este bodrio legislativo, un Estado de persecución, un Estado de excepción, un Estado de represión, donde se criminaliza la libertad de tránsito, de expresión y de propiedad privada.
Pero aun viene lo mejor, si nuestros amigos los periodistas (saludos a Lydia Cacho por su triunfo judicial), pensaron que se escaparon, les comento lo siguiente;
La iniciativa de Proyecto para la creación del Código Penal Nacional, contempla una sanción de hasta seis años de cárcel y una multa de 20 a 25 mil veces el valor de una UMA, a quien calumnie o difame y dice textualmente;
"... Al que ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descredito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización..." Así es que si yo o un periodista, escribimos que Don Andrés Manuel López y su gabinete son una caterva de incompetentes podremos ser sancionados con cárcel y multa, no conmutable.
La posibilidad de castigar como delito penal la difamación "retrotrayendo al país a épocas en las que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer el derecho a informar, criticar u opinar...", es una real posibilidad.
La mal llamada iniciativa de reformas en materia de justicia penal, auspiciada desde Palacio Nacional, aplaudida en el Senado, es una contra reforma, es una vuelta al pasado ominoso, es el regreso a un Estado persecutor que lejos de fortalecer al ciudadano y sus Derechos Humanos, los pisotea, los desconoce. De consolidarse esta reforma, el Presidente podrá decir con certeza y serenidad absoluta; "El Estado Soy Yo", no lo permitamos.