Congreso de Tabasco aprueba 'Ley Garrote'
El pleno del Congreso de Tabasco aprobó, con modificaciones, la llamada "ley garrote", iniciativa del gobernador, Adán Augusto López Hernández, para castigar con cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación.
Con 24 votos a favor -21 de ellos de Morena-, uno en contra y cero abstenciones, los diputados modificaron el polémico artículo 308 bis del Código Penal de Tabasco, aprobado el viernes en comisiones.
Ahora, el referido artículo expresa que se impondrá prisión de seis a 13 años "al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local".
Además, se le fijará multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten y la pena se incrementará en una mitad más, "cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia".
En un principio, la iniciativa del gobernador Adán Augusto aprobada en comisiones, establecía cárcel "al que impida o trate de impedir por cualquier medio" la ejecución de obras públicas, así como, "al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación" y "al que, careciendo de facultad legal, impida total o parcial el libre tránsito de personas".
El pleno también aprobó reformas y modificaciones los artículos 196, 206, 299, 307 y 308 del Código Penal del Estado, entre ellas, para aumentar de 10 a 20 años de cárcel el delito de extorsión, solicitado por el diputado priista Gerard Washington Herrera, en febrero pasado.
En el pleno, en medio de protestas de grupos de asistentes, el diputado Washington Herrera se desmarcó del dictamen y aclaró que pidió legislar para aumentar cárcel a extorsionadores, pero del crimen organizado que exigen pagos de piso a empresarios y comerciantes, no para "criminalizar" las protestas sociales.