¿Justicia selectiva?
Hace unos días la Fiscalía General de la República dio la nota al lograr encarcelar a Rosario Robles, ex secretaria de estado en dos dependencias durante el sexenio del ex Presidente Peña Nieto. A la vista de los analistas políticos siempre se consideró una funcionaria cercana y protegida por su jefe directo.
Los desfalcos en las dos dependencias, mediante un esquema para triangular recursos a través de convenios con universidades públicas que a su vez contrataban empresas sin la capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos y con entregables que, en el mejor de los casos, eran copias de contenido que se encuentra en internet. Este fue el "modus operandi" que siguieron los subalternos de Robles a su paso como titular de Sedesol y Sedatu.
Así, durante el sexenio pasado se instrumentó lo que un reportaje periodístico de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, basado en los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, denominó "la estafa maestra" por un monto de 7,670 millones de pesos
Sin duda es una buena noticia, aun considerando la presunción de inocencia, que una ex funcionaria de primer nivel tenga que responder y aclarar el destino de fondos públicos que debió de haber ejercido con honestidad mientras estuvo al frente de dos dependencias federales.
Falta mucho camino por recorrer para llegar a ver en la cárcel a todos aquellos que están involucrados en esta extracción ilegal de recursos públicos y la sociedad espera que el trabajo de la fiscalía no sea selectivo para aplicar la "ley a secas" a los viejos enemigos del grupo que ahora detenta el poder.
La historia de desencuentros entre Rosario Robles y el grupo que ahora es gobierno se remonta a su época como dirigente nacional del PRD y como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Sin duda hay partes de esa historia que no han salido a la luz, y otras, como la difusión de la grabación de un personaje cercano al entonces Jefe de Gobierno recibiendo fajos de dinero, se convirtieron en agravios que, a más de una década de sucedidos, todavía están frescos en la memoria de los que piensan que la difusión de actos de corrupción, además de la campaña de desprestigio en 2006, detuvieron por más de una década el comienzo del proyecto de gobierno que la narrativa oficial denomina "cuarta transformación".
Sin duda limpiar el sistema de corrupción que tiene décadas de funcionar en todos los niveles de gobierno requiere de un gran esfuerzo por parte de todos los actores políticos, que la ley se aplique sin distingos para nadie, además de que se respeten tanto la presunción de inocencia como el debido proceso a cualquier acusado de un delito.
Lo anterior requiere que la Fiscalía General de la República ejerza la autonomía que le otorga la Constitución para investigar y presentar ante la justicia a presuntos delincuentes y que el Poder Judicial sea garante del debido proceso.
Twitter: @jesusmenav