Buen gobierno
En las últimas semanas he tratado de exponer algunos de los desafíos que enfrentarán los gobiernos locales, tanto el estatal como los municipales, que comenzarán funciones el próximo 15 de septiembre en nuestra entidad.
A lo largo de este tiempo se han comentado en estas páginas las dificultades que tendrán dado el sombrío panorama de las finanzas públicas estatales y las casi nulas posibilidades de que el gobierno federal pueda destinar recursos más allá de los estrictamente establecidos en el presupuesto de egresos de la federación.
Además de un complicado panorama financiero, los próximos gobiernos deberán enfrentar una problemática social compleja, producto de la conjunción de varios factores que se han desarrollado a nivel nacional y que indudablemente tienen un impacto a nivel local: nulo crecimiento económico, inflación general todavía en un dígito, pero lamentablemente con una inflación mucho más alta en varios productos básicos; violencia entre grupos rivales de la delincuencia organizada en su intento por controlar territorios más grandes a expensas de sus rivales; cobro de cuotas a las actividades económicas por parte de la delincuencia organizada en las zonas en donde existe producción a gran escala de diversos productos agrícolas, por ejemplo el aguacate y limón en Michoacán, lo que lleva como consecuencia mayores precios al consumidor.
Las condiciones de pobreza laboral en la que vive una proporción importantes de la población en el estado, con sueldos que van disminuyendo su poder adquisitivo conforme la inflación avanza, además de la pobreza extrema en que viven decenas de miles de duranguenses, principalmente en las zonas indígenas del estado, hacen que, en su conjunto, las condiciones sociales en que vive una parte importante de la población en el estado sean precarias.
Ante el panorama que se vive, la expectativa de grandes intervenciones por parte de los distintos gobiernos locales es muy poca, ya sea en obras públicas de gran calado a cargo de su presupuesto o de programas sociales que impacten a una gran parte de la población y que involucren una gran derrama de recursos por parte de los gobiernos locales.
Lamentablemente los recursos que reciban el estado y los municipios no serán mayores a los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y eso pondrá presión a estos gobiernos para que el cobro de impuestos a nivel local se eleve o las estructuras de gobierno sean mucho más eficientes para cobrarlos.
Tal vez en los próximos años la única posibilidad de hacer un buen gobierno para aquellos que comenzarán funciones el 15 de septiembre será revisar con detalle cómo se están llevando a cabo sus funciones básicas. Los gobiernos locales, tanto a nivel estatal como los municipales tendrán que revisar la forma en que llevan a cabo sus obligaciones constitucionales y, con ayuda de nuevas tecnologías, realizar cambios en los procesos que llevan a cabo para cumplir con esas obligaciones, obligándose a ser más eficientes en la forma en que las llevan a cabo.
Twitter: @jesusmenav