Durango, rezagado en armonización sobre tortura y desaparición de personas
De acuerdo al informe situacional de los Derechos Humanos 2021, una radiografía estatal, que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Durango tiene apenas un 52 por ciento de avance en la armonización de disposiciones respecto a la protección de sus ciudadanos contra la desaparición forzada y apenas un 42,86 por ciento en la adecuación de protocolos para prevenir y evitar la tortura y tratos degradantes.
El Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos denominado Armonización Legislativa en Materia de Prevención de la Tortura, revela que Durango, junto con Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Sinaloa, no cuentan con una ley local en materia de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
A nivel estatal, el delito en particular, se encuentra contenido en cinco artículos del Código Penal, cuya última actualización al respecto se reportó en mayo de 2020, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Respecto a la legislación sobre desaparición forzada, en la que Durango apenas supera el 50 por ciento de armonización, la Comisión advierte que “se debe poner atención a las dimensiones políticas, jurídicas, sociales y económicas que hagan operacionalizable (sic) la garantía, respeto y promoción de este derecho”.
Aunque reconoce la existencia de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, el organismo destaca que se debe de promover una Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General para garantizar su eficaz cumplimiento.
En el caso de los protocolos sobre tortura y tratos degradantes, la Comisión destaca en su informe que “si bien no se cuenta con una Fiscalía en Delitos contra la Tortura, esta debe dotarse de los recursos y atribuciones para que se cree una Fiscalía Especializada con plena autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de los delitos dentro de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de los objetivos”.