El mito de la transparencia
El día de la toma de protesta del actual Gobernador, en la Velaria de las instalaciones de la Feria, el primer eje rector mencionado en su discurso fue el de la transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día, transcurridos casi seis años, esas palabras no se plasmaron en la práctica para el acceso de los ciudadanos a datos fundamentales del ejercicio gubernamental.
La noche del pasado jueves la Unidad de Transparencia e Información Municipal entregó los premios correspondientes al primer Premio de Periodismo, Transparencia y Acceso a la Información. Al menos los trabajos acreedores a los dos primeros lugares se basaron en consultas a las obligaciones de transparencia y solicitudes de acceso a la información, con lo que se pudo comprobar la opacidad de las dependencias sobre temas que eran importantes en la Administración Estatal.
El reportaje denominado "SSP adeuda 29 pagos por videocámaras de seguridad", elaborado por un servidor y publicado en El Siglo de Durango el mes pasado, afrontó la negativa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a proporcionar los documentos solicitados en dos diferentes etapas.
Por ejemplo, la primera solicitud de información fue elaborada en mayo del año 2019 y se le pidió a esa Secretaría los documentos de compra de las casi 260 cámaras de seguridad que tan sólo días antes habían sido anunciadas por el Gobernador del Estado.
Pero no sólo eso, se tuvo que recurrir a una solicitud de información porque la Secretaría nunca publicó esos documentos en su portal de Internet; es más, a la fecha, no hay nada relacionado al tema.
Los documentos fueron entregados casi hasta el mes de noviembre, pues inicialmente la Secretaría de Seguridad argumentó que la información no existía y luego le dio por clasificar la información aludiendo motivos de seguridad estatal hasta que, valientemente y en apego a la legalidad, el pleno del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la dependencia estatal a desclasificar los documentos y entregarlos.
Habían pasado casi siete meses cuando los proporcionó y esta dilación ameritó que por primera ocasión se emitiera una amonestación pública a todos los integrantes de un Comité de Transparencia de un sujeto obligado.
Ya durante este año, un servidor solicitó los comprobantes mensuales de pago, ya que la modalidad de adquisición de las videocámaras fue por arrendamiento a meses sin intereses, para comprobar la viabilidad de que el Gobierno del Estado finalmente se quedara ya con este equipamiento. Para ello, hay que considerar que el último día de junio debía quedar liquidado el monto total que supera los 171 millones de pesos.
En esta ocasión, la Secretaría de Seguridad esperó hasta las 23:58 horas del último plazo legal para entregar la información; pero al final, lo hizo mal de manera premeditada pues proporcionó un enlace que supuestamente contenía los documentos correspondientes, pero que llevaba a un portal inexistente. Se tuvo que interponer un recurso de revisión y, nuevamente, hasta el final del plazo legal facilitó el enlace correcto.
Se trata tan solo de un ejemplo de cómo algunos en esta administración estatal le apostaron al letargo para hacer desistir a los ciudadanos de su afán de acceder a información que debería ser pública; otros ejemplos se encontrarían en parte de los Anexos modificatorios del contrato de construcción del multicitado paso elevado del bulevar Francisco Villa o el padrón de beneficiarios de programa Durango Solidario, que derivó en el conocido "Sedecogate", por mencionar sólo algunos.