El replaqueo en Durango, una cuestión de perspectivas

A finales del 2022 habrán transcurrido mil días de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19 en México y, aunque varios sectores muestran signos de recuperación, esta no se ha alcanzado de manera generalizada entre la población.

Instancias como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional advierten que la crisis es la más grave de los últimos 100 años y, como en la mayoría de estos sucesos, las familias más pobres suelen verse más afectadas.

Pero las afectaciones económicas y sociales no solo han impactado a la población y al sector privado, sino también a los gobiernos. Estos últimos, con la responsabilidad de impulsar la recuperación económica, se enfrentan a una realidad donde los ingresos fiscales son bajos, el nivel de deuda es alto y tienen poco espacio fiscal. La situación obliga a que todas las acciones que se emprendan desde el sector público estén fundamentadas en evidencia y observen los criterios de economía, transparencia, eficiencia, eficacia y honradez.

Dentro de las medidas que el gobierno estatal ha definido para obtener liquidez y hacer frente a sus obligaciones más urgentes, propuso al Poder Legislativo una reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Durango para anticipar el cobro por replaqueo en 2023. Además de contribuir a sanear las finanzas, la recaudación podría propiciar un aumento de recursos federales y contribuir a la estrategia de seguridad pública al contar con un control vehicular actualizado.

Decisiones como esta, que afectan a una gran parte de la población, deben tomar en consideración varios aspectos que permitan analizar con objetividad la pertinencia de la medida, generar confianza entre la población y motivar la disposición de la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones tributarias.

¿Qué tanto se recaudaría? En 2017, el replaqueo logró una recaudación aproximada de 590 millones de pesos, a lo que habría que restarle 75.8 millones que se destinaron a los materiales que se utilizaron. Se estima que en 2022 el costo por placas nuevas representaría un gasto de aproximadamente $1,600 pesos por unidad. Si se toman como referencia los 633,424 vehículos registrados que circulan en la entidad se podrían ingresar alrededor de 1,000 millones de pesos.

¿Es suficiente? Para poner en contexto, la cifra estimada de recaudación representaría el 2.7% del total del presupuesto del gobierno estatal que se destinó para el ejercicio fiscal 2022 (35 mil 820 millones de pesos), pero el 8% de las obligaciones que son urgentes de cubrir, puesto que se estima que la deuda a corto plazo asciende a 12 mil 500 millones de pesos.

¿Afecta a todos por igual? El costo del replaqueo no representa el mismo esfuerzo económico de las familias. Mientras que para los hogares más pobres podría representar hasta el 44% del total de los ingresos mensuales, en los hogares más ricos apenas representaría el 3% de sus ingresos del mes.

¿Cómo se puede lograr que la ciudadanía responda positivamente? La disposición de las personas para cumplir con sus obligaciones tributarias, como el pago de impuestos, se ve afectada cuando se percibe desconfianza e insatisfacción hacia los gobiernos. Según Inegi, en 2021 la mitad de los duranguenses (50.6%) manifestaron desconfianza del gobierno estatal y poco más de la mitad (54.6%) expresaron estar insatisfechos con los servicios públicos que provee ese mismo orden de gobierno.

Por sí solo, el replaqueo será insuficiente para sanear las finanzas públicas y serán necesarias otras medidas. El éxito y aceptación de esta u otras medidas estará marcado por la capacidad de aumentar la confianza en las instituciones, la rendición de cuentas y la medida en que se logran satisfacer las principales demandas de la población.

Por lo anterior, la labor del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) cobra relevancia, pues, según el artículo 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, es el encargado de medir y evaluar el desempeño de las políticas públicas, y de generar información para que los gobiernos realicen un mejor diseño e implementación de sus programas y acciones.

Ante tal situación, es primordial una práctica habitual y permanente al interior del sector público que permita identificar qué acciones funcionan o cuáles no, y propiciar un círculo virtuoso de mejora constante, es decir, la evaluación de políticas públicas. En ese sentido, la labor de organismos como el Inevap debe ser de interés para todo aquel gobierno que se preocupe por un mejor uso de los recursos públicos.

* El autor de esta colaboración es Coordinador de Investigación y Proyectos Especiales del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) y catedrático de la FECA.