El tendencioso debate sobre la seguridad pública
La algarabía sobre "la militarización de la seguridad pública" solo desvía la atención de la falta de capacidad del Gobierno Federal para alcanzar las "condiciones de paz, tranquilidad y convivencia sana", que implican muchas más tareas que la del apoyo del Ejército en organizar, equipar y capacitar una estructura policial.
Desde la década de 1980 se empezó atender la seguridad pública, con reformas a la legislación, estructuras y procedimientos, señalando las instancias de "Seguridad y Justicia" que deben participar, culminando en 1995-96 con la emisión de la "Ley que establece las Bases de Coordinación para el Sistema de Seguridad Publica Nacional".
Definiendo "un Sistema" mediante la "Coordinación"; conceptos que han estimulado ambiciones entre los posteriores titulares.
Primero, por el nivel de autonomía y dependencia del nuevo organismo, que ha transitado entre las secretarías de Gobernación y la de Seguridad Pública, y por encargarse de administrar y distribuir recursos financieros entre las instancias operadoras federales, estatales y municipales:
Intereses que se vuelven prioritarios a la construcción del "Sistema Nacional de Seguridad Pública" siempre ajenos a los fines de la seguridad pública.
El Sistema Nacional distribuye recursos económicos para el fortalecimiento de las instancias de Prevención y Participación Ciudadana, Corporaciones Policiales, Persecución del delito, Procuración e Impartición de Justicia y Reinserción tanto Federales como Estatales;
Derrama sujeta en la actual administración a una centralización sin rendición de cuentas y, a criterios político-electorales para su asignación, condicionando el voto.
La seguridad pública demanda la "participación coordinada" de todos los sectores de la población, organizaciones autónomas y las administraciones públicas del Pacto Federal sin lograr cristalizarla, creciendo exponencialmente los resultados negativos en los últimos cuatro años.
El Gobierno Federal tiene como primera prioridad el mantener la unidad nacional, haciendo incomprensible el cotidiano discurso que provoca división y nunca permitirá construir las instancias ni los métodos para alcanzar las condiciones de seguridad.
Así como motivar con el ejemplo una cultura de la legalidad, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, recuperando y fortaleciendo valores, rescatando las normas éticas que nos auto regulan, actuando siempre con estricto apego al marco jurídico que obliga la función de los servidores públicos, "sin propiciar" acciones antisociales y delictivas.
Acrecentando las capacidades del Estado como un todo, con mejores modelos y prácticas de prevención del delito, el acopio de datos y su análisis de calidad sobre la situación que prevalezca, considerando las problemáticas regionales; la capacitación efectiva de los participantes, "encontrando" las mejores formas y modos de actuar, construyendo redes regionales de coordinación entre instituciones; contribuyendo a la protección de los derechos humanos, siempre para el avance integral y permanente de la seguridad y el desarrollo regional.
La condición de seguridad es indispensable para alcanzar niveles dignos de bienestar en la población y esto se logra consiguiendo la "fusión permanente entre seguridad y desarrollo", volviéndolos inseparables.
Nuestra vecindad con el máximo mercado de consumo mundial "es una oportunidad" que nos permite una mejor y más económica integración comercial regional, la generación del empleo que tanto requerimos para expandir el crecimiento económico y reducir la migración que divide millones de familias.
El aumento del comercio impacta positivamente la seguridad alimentaria, que tanto nos golpea actualmente, vinculando ambos centros de producción y mercados agrícolas de productos alimenticios, aumentando el empleo donde es exigencia por la pobreza.
La demanda generalizada de una estrategia de seguridad pública eficaz que nos proporcione la condición de paz y tranquilidad necesaria para el desarrollo nacional, es ocasionada en gran medida por "emplearla como una herramienta más de la política-electoral, desdeñando el interés público nacional".
El tema de la temporalidad del apoyo militar "en" la seguridad pública, que está siendo debatido por el Poder Legislativo, es sobre la modificación del artículo transitorio establecido en el cambio constitucional de 2019, "que establece 2024 como fin de la participación militar en la construcción de la Guardia Nacional".
El debate distractor y confuso promovido hoy en día es un intento por justificar una mala planeación y programación de la actual administración sobre la GN.
En el ámbito operativo, siempre ha estado y estará presente el apoyo de las Fuerzas Armadas al pueblo de México y su Gobierno porque es su vocación y así está establecido en su misión sustantiva de "garantizar la seguridad interior".
El preguntar a la población sobre el apoyo militar vuelve a caer en política-electoral.
La seguridad pública como tal solo se logrará fortaleciendo y sumando la participación comprometida de todas las instancias integrantes del Sistema Coordinado oficial existente, "que NO se quiere atender actualmente".
* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro.