Uso de datos y evidencia en el sector público: clave para mejorar la calidad de vida

Tal vez nunca había sido más importante que los recursos públicos se usen con el mayor cuidado posible y de la manera más eficaz.

Cualquier gobierno que busque generar un cambio significativo en la vida de las personas, debe procurar que sus decisiones -expresadas en programas o políticas públicas- estén basadas en datos y evidencia. Sin embargo, algunas de las grandes ideas para atender las necesidades de la sociedad no siempre funcionan como se espera.

En la práctica, los programas públicos regularmente tienen dificultades para alcanzar sus objetivos, llegar a las personas que requieren los apoyos, son incapaces de resolver los problemas públicos para los cuales fueron creados o, en el peor de los casos, no solo no atienden los problemas, sino que los agravan. Debido a que es complicado prever qué estrategias funcionarán o cuáles no, es fundamental que los programas incorporen la mayor cantidad de datos y evidencia y así aumentar la probabilidad de éxito y procurar un mejor uso del dinero público.

Por ejemplo, si se reconoce la deserción escolar en educación básica como un problema que requiere la intervención del gobierno, en la etapa de diseño es donde se valora qué tan grave es la situación, es decir, cuántos niños dejan sus estudios. Pero eso no es suficiente, ya que es necesario contar con información adicional como en qué lugares, cuáles son las características de esos niños o de sus padres, conocer si el número de niños que dejan sus estudios va en aumento o no en los últimos años, etc.

Con la experiencia acumulada por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) a través de la realización de casi 200 evaluaciones en organismos públicos y gobiernos de la entidad desde 2017, se ha identificado que gran parte de los programas en Durango comparten una deficiencia en común: no se encuentran respaldados por evidencia o un buen diagnóstico que justifique su existencia, es decir, no se encuentran diseñados correctamente. Para quienes diseñan o evalúan programas, utilizar la información estadística que se encuentre disponible es un paso clave. De ahí que la labor de instancias como la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es fundamental para quienes tienen el compromiso de decidir qué programas públicos se deben implementar y para los que se encargan de analizar si funcionan o no.

Con el objetivo de promover en todo el sector público el uso de la información que produce el Inegi durante el proceso de políticas públicas (desde su diseño hasta la evaluación), en agosto del presente año Inevap e Inegi formalizaron un convenio para impulsar que los programas y políticas públicas que se decidan en Durango incorporen cada vez más los datos y evidencia disponible.

Este tipo de convenios contribuye a dar cumplimiento al mandato constitucional del Inevap: medir y evaluar el desempeño de las políticas públicas y generar información para que los poderes y gobiernos realicen un mejor diseño e implementación de sus programas y acciones.

Actualmente, a 6 años de creación, el Inevap se encuentra en una etapa de consolidación. Esta etapa inició con una estrategia de planeación institucional con visión a futuro y la promulgación de la nueva Ley de Evaluación en Durango por iniciativa del mismo Instituto. Ahora se cuenta con un marco normativo más robusto y mejor construido y en un entorno donde gran parte del sector público, tanto estatal como municipal, reconoce la utilidad de incorporar la evidencia y la evaluación en las decisiones de gobierno.

En entornos donde se valora la investigación la percepción de quienes gobiernan gana legitimidad entre la población. Los organismos autónomos como Inevap e Inegi aportan objetividad sobre las decisiones de los gobiernos y promueven un mejor uso de los recursos públicos.

* El autor de esta colaboración es Coordinador de Investigación y Proyectos Especiales del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango.