Protegida. Son cerca de 800 mil hectáreas las que estarían incluidas en la Zona nacional Protegida que abarcaría los municipios de San Ignacio de Sinaloa y el de San Dimas en Durango, afectando la actividad minera y la forestal.
Los ejidatarios del municipio de San Dimas en Durango y de San Ignacio, en Sinaloa, se oponen a que el Gobierno Federal declare zona protegida cerca de 800 mil hectáreas; poco menos de 400 mil en el municipio duranguense terminarían con la actividad forestal y minera. A cambio les quieren otorgar becas federales.
El Gobierno Federal tiene planeado declarar zona natural protegida a 788 mil 380 hectáreas de los dos municipios ya señalados, el de Sinaloa y el de Durango; en San Dimas es el 58 por ciento de la totalidad del municipio en plena Sierra Madre Occidental.
La zona natural protegida solo deja un pequeño hueco en medio que no formaría parte de la misma; es precisamente donde está Tayoltita, pero la mina del lugar, que da empleo a miles de trabajadores y de la que viven cientos de familias de la zona, esa queda dentro de la zona nacional protegida.
Los habitantes de ambos municipios se dieron cuenta de esto hace apenas una semana, pero ya el Gobierno Federal ha sostenido pláticas con autoridades municipales de San Dimas y de San Ignacio desde hace algunos meses atrás y tiene todo listo para la declaratoria.
EJIDATARIOS APENAS SE ENTERARON
Los ejidatarios que acudieron la mañana de este martes a las oficinas de la Presidencia Municipal de San Dimas en la ciudad de Durango manifestaron que a ellos les cayó de sorpresa que quieran hacer sus tierras zona protegida.
De entrada, a la mina de Tayoltita ya no le permitiría seguir ampliándose; les dejarían trabajar hasta donde están, pero ya no podrían crecer.
Con esto, los afectados serían los ejidos a donde la mina buscaba ampliarse porque recibirían anualidades económicas con la renta de la tierra entre otros atractivos económicos; además, limitan la vida de la mina y con ello empleos.
El Gobierno Federal les estaría entregando una beca mensual a los ejidatarios, pero aseguran que nada se compara con lo que ellos llegan a ganar no solo por la anualidad con la mina, sino por otras actividades dentro de sus tierras.
El resto del municipio es forestal y con esta declaratoria de zona protegida la afectación sería de gran magnitud no solo para los ejidatarios, sino para los trabajadores que suelen contratar todos los años para el trabajo del corte de la madera en plena Sierra y en los aserraderos.
Explicaron que con esta declaratoria la afectación económica para los ejidos forestales sería del 60 por ciento de lo que actualmente están obteniendo porque los limitaría en la extracción de madera.
Santiago Sánchez, ejidatario de San Luis Villa Corona, del municipio de San Dimas, señaló que en estos momentos personal de la la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) está visitando las casas de los diferentes pueblos para querer socializar lo de la zona nacional protegida, pero no le preguntan ni buscan entrevistarse con los dueños de la tierra, que son los que en verdad deben decidir.
BUSCAN APOYO DEL ALCALDE
Jorge Ramos Astorga, del ejido Cañitas y Anexos del municipio de San Dimas, comentó que los de la Conanp empezaron las cosas de arriba hacia abajo, cuando debieron primero buscar a los dueños de la tierra para ver si estaban de acuerdo en crear una zona protegida.
"Nos buscan ya cuando tiene todo listo para declararla, y la verdad, nosotros no estamos de acuerdo y queremos el apoyo del Presidente Municipal para que no firme esa declaratoria de zona protegida", comentó.
ALCALDE DICE SUMARSE AL PUEBLO
Armando Barrón Alvarado, alcalde de San Dimas (extracción morenista), dijo que si el pueblo de San Dimas no quiere la Zona Nacional Protegida, él va a estar apoyando al pueblo y buscará a las autoridades estatales para que se sumen al pueblo de San Dimas y también se manifiesten en contra de esta Zona Nacional Protegida.
Nicolasa Barraza, delegada de minas del municipio de San Ignacio en Sinaloa, dijo que también allá los ejidatarios se oponen a esta declaratoria de Zona Nacional Protegida porque afectaría a miles de trabajadores de esa municipalidad.
60 Por ciento de los ingresos que obtienen los ejidatarios por extracción forestal se verían afectados.
800 Mil son las hectáreas que estarían incluidas en la Zona Nacional Protegida entre Durango y Sinaloa.