Los límites de las instituciones
La vida pública de nuestro país se va escribiendo, no totalmente, pero en un porcentaje importante, por las decisiones que toman quienes detentan el poder. Lamentablemente, estamos viendo que la clase política de todos los partidos, de todas las edades, está llevando al poder judicial las luchas por mantener el poder. Las decisiones que toman los actores políticos se han judicializado al máximo y el último capítulo de estas luchas intestinas por el poder se lleva a cabo en Nuevo León.
Al momento de escribir estas líneas ese estado tiene un problema de gobernabilidad, ya que no se ha decidido que persona es la encargada del Poder Ejecutivo: si el Gobernador constitucional que pidió licencia por 6 meses para ausentarse y competir por la candidatura presidencial de su partido y eventualmente por la Presidencia de la República, y que informó de su regreso a el cargo unos minutos después de que iniciará el período de licencia o el gobernador interino que eligió el Congreso del Estado.
Llevar al límite lo establecido en las Constituciones (federal y local de Nuevo León en el caso que nos ocupa) y las leyes, es algo que llevamos presenciando varios años por parte de la clase política del país.
La lucha por la carrera presidencial en el partido oficial comenzó prácticamente a la mitad del sexenio con el banderazo de salida que dio el propio Presidente de la República, al comenzar a barajar los nombres de quienes podrían sucederlo y a partir de ahí comenzar a realizar giras de trabajo en el interior de la república en una dinámica que duró al menos un año, todo esto previo que se diera un proceso partidista interno que definiría un cargo que sólo serviría para esperar la definición de candidaturas, ya definidas previamente.
La principal coalición opositora siguió el mismo camino, definiendo a su candidata a la Presidencia de la República meses antes de la nominación formal. La definición previa de quienes participarán como candidatas y candidatos en los próximos procesos electorales les da la oportunidad de posicionarse ante el electorado con tiempo de anticipación al inicio formal de los procesos electorales, lo que presumiblemente altera las condiciones de equidad en las contiendas electorales.
Ante la falta de definiciones en el marco institucional para regular estos procesos, que son previos a los tiempos establecidos en las leyes, las instituciones han tenido que actuar sobre la marcha, emitiendo reglas y definiendo procesos para que de esta manera se pueda aspirar a una contienda en condiciones de equidad para todos los candidatos.
Muchos de los supuestos que establecen las normas electorales en la actualidad, y que se ha puesto al límite por parte de los actores políticos, se tendrán que repensar en la reforma constitucional en materia electoral que muy probablemente se realice después del proceso electoral de 2024.
El Gobernador de Nuevo León, que llegó a ese cargo asegurando que no dejaría el estado para irse a una campaña presidencial como lo hizo su antecesor y a quién criticó por hacerlo, ha llevado al límite la interpretación de las normas y las instancias jurisdiccionales que deben de resolver casos como este, que es inédito en la historia del país.
Aunque el Gobernador fue elegido por la mayoría de los electores de Nuevo León, también lo fueron los integrantes de ese Congreso local, que al tener la facultad constitucional de elegir gobernador interino en caso de ausencia por más de 30 días del gobernador constitucional, también lo hacen en nombre de quienes los votaron. Desconocer las reglas porque no te gusta el resultado de aplicarlas dice mucho del talante democrático de cada actor político.
X: @jesusmenav