Comida chatarra en escuelas, un problema latente

Desde hace 10 años en México se dio un paso fundamental y atrevido al prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas de nivel básico. La intención era clara: proteger la salud de niñas y niños al fomentar hábitos alimenticios saludables. Sin embargo, a una década de distancia de esta audaz reforma vale la pena cuestionarse si realmente se está cumpliendo con este objetivo.

La evidencia sugiere que la venta de productos no saludables persiste en escuelas de Durango, poniendo en riesgo la salud de nuestros estudiantes y eliminando los esfuerzos por construir un futuro más sano.

Según los registros correspondientes al ciclo escolar 2023-2024, recopilados por la iniciativa "Mi Escuela Saludable", encabezada por más de 72 organizaciones de la sociedad civil de todo el país para la promoción y defensa de los derechos de la infancia, el panorama en Durango es sombrío.

Y es que durante el pasado ciclo escolar fueron reportadas 143 escuelas por incumplir con la normativa. Y aunque hay cerca de 5 mil planteles educativos en toda la entidad, los datos de estos reportes fueron concluyentes: los niños que estudian en nivel básico están expuestos a alimentos y bebidas que la ley expresamente prohíbe por sus efectos nocivos en la salud.

Las denuncias realizadas a través de "Mi Escuela Saludable" exhibieron que en el 84 por ciento de las escuelas de Durango que fueron denunciadas, venden refrescos; en más del 98 por ciento venden comida chatarra; en casi el 87 por ciento no venden frutas y verduras; el 94 por ciento de esas escuelas no tiene siquiera conformado el Comité que debería vigilar la prohibición de la venta de comida chatarra. Es más, no vayamos tan lejos, en el 67 por ciento no hay ni bebederos de agua.

¿Qué están consumiendo nuestros niños en lugar de los alimentos nutritivos que la ley prescribe? La respuesta es tan simple como alarmante: frituras cargadas de grasas trans, refrescos azucarados, golosinas repletas de aditivos artificiales y un exceso de alimentos ultraprocesados que no tienen cabida en una dieta saludable, mucho menos dentro del propio entorno escolar.

Los riesgos para la salud son innumerables y bien documentados desde hace años. La obesidad infantil, antesala a una vida de complicaciones médicas, se desarrolla en este ambiente mala nutrición. La diabetes tipo 2, antes considerada una enfermedad de adultos, ahora acecha a nuestros niños desde edades cada vez más tempranas.

Los problemas cardiovasculares, la hipertensión y los trastornos metabólicos ya no son preocupaciones lejanas, sino amenazas inmediatas para una generación criada a base de azúcares refinados y grasas saturadas.

Pero el riesgo no se concreta al aspecto físico. El consumo habitual de estos alimentos chatarra está directamente relacionado con problemas de atención, hiperactividad y bajo rendimiento académico. Estamos saboteando el potencial intelectual de nuestros estudiantes, comprometiendo su capacidad de aprendizaje y, por ende, su futuro.

¿Por qué se ha permitido que esta situación persista? Es ineludible que la responsabilidad viene desde los directivos escolares que permiten la venta de comida chatarra en sus cooperativas escolares; autoridades municipales y sanitarias, que deberían hacer cumplir la ley y que se hacen de la vista gorda ante vendedores ambulantes en las puertas de las escuelas, hasta padres de familia que, por comodidad o falta de información, envían a sus hijos sin un refrigerio saludable dándoles, por el contrario, para que compren en la escuela la alternativa más accesible para pasar su jornada.

La situación es preocupante, pero no irreversible. En vísperas de que inicie el próximo ciclo escolar, tanto sociedad como autoridades deben cartas en el asunto. Es necesaria una aplicación rigurosa de la ley existente, con inspecciones regulares y sanciones significativas para las escuelas que la incumplan. Es imperativo implementar programas de educación nutricional no solo para los estudiantes, sino también para padres, maestros y personal administrativo de las escuelas.

A la par, debemos exigir transparencia total en la operación de las cooperativas escolares y cafeterías. Cada alimento ofrecido debe cumplir estrictamente con los lineamientos nutricionales establecidos por la ley. No más excepciones, no más "de vez en cuando no hace daño". La salud de los niños no debe ser negociable.

Es crucial también abordar el problema de los vendedores ambulantes en los alrededores de las escuelas. Esto requiere una coordinación estrecha entre las autoridades educativas y municipales para regular y, si es necesario, reubicar estos negocios lejos de las zonas escolares.

¿A poco no podemos aspirar a que las escuelas se conviertan en verdaderos modelos de alimentación saludable? El cambio no es fácil ni inmediato, sobre todo porque nos enfrentamos a hábitos arraigados, intereses económicos y la inercia de un sistema nocivo que se ha normalizado. Pero el costo de no actuar es demasiado alto.