Condenadas la transparencia y la rendición de cuentas
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quizás una de las más controvertidas, es la que formula la desaparición de los llamados organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha generado con justa razón toda una ola de preocupación y debate en México.
Aun cuando tal iniciativa se presenta bajo la premisa de reducir costos y eliminar las engorrosas duplicidades burocráticas, es esencial analizar ampliamente y a fondo las posibles repercusiones de una medida como esta, especialmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, pilares fundamentales de cualquier democracia.
El INAI ha sido un fortín de la transparencia en este país, tanto que ha contribuido en la realización de reveladores trabajos periodísticos que han exhibido la corrupción, indistintamente del partido político que en turno gobierne; empero, es además una herramienta para las y los ciudadanos que ayuda a acceder a la información pública y exigir la rendición de cuentas a las autoridades.
Su desaparición o integración a una dependencia gubernamental no solo socavaría su independencia, sino que también limitaría la capacidad de los mexicanos para supervisar y cuestionar las acciones del gobierno. En una democracia sana, pero sobre todo madura, la transparencia no es una opción sino una necesidad imperativa para evitar los abusos de poder.
Erradicar a este organismo representa un peligroso retroceso en la construcción de un Estado que rinde cuentas. No puede ni debe ser visto como un lujo o una carga burocrática innecesaria, como quieren hacernos creer. Son contrapesos cruciales que garantizan una mejor competencia del servicio público, la transparencia en el uso de recursos públicos y la defensa de los derechos ciudadanos frente a los excesos del poder.
La reabsorción de funciones en las secretarías de Estado plantea además serias dudas sobre la capacidad de las dependencias para cumplir con tareas especializadas que han ameritado el desarrollo de técnicas específicas, como las que con el curso de los años han perfeccionado los organismos autónomos como el INAI y como los órganos garantes en cada entidad federativa.
Y es que difícilmente -por poner solo un ejemplo- la Secretaría de Gobernación podría asumir con imparcialidad y eficiencia las responsabilidades del INAI, pues siendo juez y parte como sujeto obligado y órgano garante, ¿qué garantías habría de que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales se respeten bajo un esquema de control directo del Poder Ejecutivo?
En resumen, la desaparición del INAI y de los organismos locales en los estados representaría un error costoso que no puede permitirse. La medida puede erosionar los fundamentos de la democracia mexicana, debilitando los mecanismos de control y balance, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a los excesos cometidos desde el poder. La democracia no es un gasto, es una inversión en nuestro futuro colectivo y debemos defenderla.
EN LA BALANZA.- En ese tenor el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) está en riesgo de desaparecer ante la aprobación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, para que desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Paulina Compeán, comisionada presidenta del IDAIP, advirtió que el dictamen aprobado contiene una parte riesgosa dentro de sus transitorios, donde insta a los gobiernos locales a desaparecer los órganos garantes. Lamenta que el INAI no se haya sumado a la defensa propia ni común.
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