Magnitud. Con casi mil 100 denuncias en 11 meses, las amenazas representan un delito que amenaza la tranquilidad social de las familias por el impacto que pueden llegar a implicar.
En tan solo 11 meses, en Durango se contabilizaron más de mil denuncias por el delito de amenazas, en prácticamente todos los municipios de la entidad.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, actualizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre del 2024 se interpusieron mil 072 denuncias por amenazas en el estado de Durango.
Se trata de un delito previsto en el Código Penal del Estado, con una sanción de tres meses a un año de prisión y multa de 18 a 72 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien por cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo.
O a quien por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.
La cifra del 2024 representó una reducción del cinco por ciento con respecto al periodo enero-noviembre del 2023, cuando la Fiscalía General del Estado reportó al Secretariado Ejecutivo la apertura de mil 129 carpetas de investigación por amenazas. Incluso, durante los primeros 11 meses del 2022 se tuvo un registro de mil 191 expedientes; en tanto que en ese mismo lapso del 2021 se registraron mil 152 denuncias ante las respectivas agencias del Ministerio Público.
El propio Código Penal indica que cuando la amenaza tenga como causa un infundado peligro de contagio o cualquier otra que se entienda irracional, la pena aumentará hasta en una mitad.
Pero también prevé las mismas penas y multas contra quien para la comisión del delito utilice las tecnologías de la información y telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital y cause un daño a la dignidad personal.
De los registros del periodo enero a noviembre del 2024, cerca del 56 por ciento de los expedientes se radicaron en el municipio de Durango, con 598 casos. En segundo renglón se situó el municipio de Gómez Palacio, con 177 denuncias, que implicaron otro 16.5 por ciento. Seguido del municipio de Lerdo, donde se interpusieron 68, que significaron poco más del seis por ciento; y Santiago Papasquiaro, que con 53 denuncias aportó otro cinco por ciento.
El Código Penal establece además que si el sujeto activo cumple su amenaza, se acumularán la sanción de esta y la del delito que resulte. Pero si el sujeto activo consigue lo que se propone, se observarán algunas reglas para establecer las penas por el delito o delitos que resulten.