El Poder Judicial como juguete de la política
Yolanda de la Torre sale como llegó: desacreditada y envuelta en una manta de política que la hacía ver como un perfil equivocado para encabezar el Poder Judicial. Solo y terminó conformándolo.
Desde el pasado viernes comenzó a circular la versión de que la actual Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia había solicitado licencia al Consejo de la Judicatura para separarse del cargo, persiguiendo sus aspiraciones políticas al encontrarse entre las primeras posiciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para diputados federales del actual proceso electoral.
Desde entonces solicité al Poder Judicial la confirmación de dicha licencia, solicitada para el periodo del 14 de febrero al 14 de junio, pero no fue posible obtenerla debido a que la Secretaría General de Acuerdos no había notificado a las áreas respectivas sobre la resolución del Consejo de la Judicatura. Y es que cuando a la burocracia le conviene y le interesa, la información fluye incluso antes de que sucedan las cosas; cuando no, entonces sí se deben respetar los procedimientos de notificaciones formales.
No es para menos que el Poder Judicial pretenda ocultar la solicitud de licencia de Yolanda de la Torre. Su llegada como Magistrada Presidenta se vio envuelta en acusaciones de violaciones constitucionales, pues actualmente es diputada federal en funciones y estaba impedida legalmente para ejercer el cargo en el Tribunal de Justicia, según exhibieron sus detractores.
Pero como llegó con la bendición del Presidente de la República, tras hacerle el favor de presentar la iniciativa de que la Guardia Nacional permanezca en las calles hasta el año 2028, incluyendo la mediación con la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para obtener la votación necesaria, no hubo elemento alguno que generara una controversia.
Pero Yolanda de la Torre, quienes la pusieron y quienes la impusieron no se han dado cuenta del grave daño que genera entre la ciudadanía exhibir la nula separación de poderes del Estado, sino que se puede hacer con ellos lo que les plazca a nuestros políticos y gobernantes. Que la Presidencia del Poder que debe impartir justicia al pueblo puede quedar en manos de alguien que puede "chapulinear" como se muevan las aguas electorales. Al cabo en Durango no pasa nada.
Durante el año 2023 se iniciaron más de 36 mil juicios en el estado de Durango; las materias familiar y civil acapararon el 57 por ciento de las causas. Durango, al igual que casi todas las entidades, está en medio de un proceso de un proceso de adaptación para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, precisamente para desahogar ese mar de demandas que mantienen a decenas de miles de familias dando vueltas, gastando dinero y perdiendo el sueño hasta que se resuelvan sus conflictos.
Se requiere gestión, se requiere inversión, logística, capacitación, planeaciones, entre otras cosas. Pero cuando hablamos de justicia, política y elecciones aplica el dicho de que "lo que es urgente casi nunca es importante; y lo que es importante casi nunca es urgente".