Época de incertidumbre

Idealmente, cada decisión de gobierno tendría que tener un sólido respaldo en evidencia, especialmente hablando de las decisiones más importantes, las decisiones que modifican las reglas de la interacción social, las que, eventualmente, impactan de manera importante la vida de los ciudadanos.

La reforma constitucional al poder judicial que se aprobó a nivel constitucional y está en proceso de aprobación a nivel de leyes secundarias ejemplifica de manera clara lo contrario a lo expuesto arriba. Una reforma constitucional para reemplazar a un poder de la federación hecha con errores que quedaron incorporados al texto constitucional y que para enmendarla y evitar que el poder judicial, como está conformado actualmente, pueda analizarla y eventualmente fallar en contra de su aplicación, se propuso, para después retirar esa propuesta, que cualquier modificación a la Constitución, aunque pudiera ser violatoria de derechos humanos, no pudiera ser revisada por el poder judicial.

Como país y como ciudadanos, entramos a una época de incertidumbre como no la había hace mucho tiempo. Con el propósito de aprobar la reforma constitucional en los términos enviados por el entonces titular del poder ejecutivo y cumplir con su deseo de cambiar de raíz a un Poder Judicial de la Federación que en algunos casos se opuso a sus proyectos prioritarios porque violaban derechos, la totalidad de los ciudadanos entramos a una época de incertidumbre al no tener claridad sobre el impacto en la justicia cotidiana de una reforma que va a cambiar la dinámica del poder judicial a nivel federal y local, pero sin tocar otros elementos de igual importancia para el acceso a la justicia en México como la procuración de justicia, que llevan a cabo las fiscalías a nivel federal y local.

La decisión que se tomó desde el régimen, sin evidencia de por medio, de que la mejor manera de garantizar un poder judicial independiente es mediante la elección por voto popular de las personas que serán jueces, magistrados (as) y ministros (as) nos llevará a un retroceso de décadas en la elección de personas juzgadoras basado en el mérito, aún con los errores que pudiera tener, la alternativa propuesta es mucho peor, desde el punto de vista del impacto social que tendrá la elección de personas juzgadoras con base en factores distintos al mérito y conocimiento especializado.

Entramos a una fase de incertidumbre que durará años, tal vez décadas, en la que el nuevo sistema judicial se asiente y se tenga una visión clara del alcance e impacto de las nuevas reglas del juego para los ciudadanos y empresas, aunque al menos las primeras dos premisas ya son claras: los nuevos jueces y juezas se deberán a los actores políticos y sociales, incluido el crimen organizado, que les garanticen la movilización de personas para ganar la elección y, lo más importante, no podrán fallar en contra de lo que el régimen considere como una causa de "utilidad pública".

La época de incertidumbre a la que estamos entrando no solamente nos impactará a las y los mexicanos que seguiremos viviendo en el país, necesariamente impactará en la decisión de las grandes empresas nacionales y extranjeras de invertir en el país y en la decisión de personas extranjeras de vivir e invertir su patrimonio aquí.

X: @jesusmenav