La coordinación y el mando único en operaciones policiales
La coordinación implica la colaboración entre instancias policiales federales, estatales y municipales sin subordinación directa de una sobre otra; cada gobierno mantiene su autonomía y responsabilidad. El mando único es cuando todas las fuerzas operan bajo un solo mando policial que centraliza el control en un área específica de interés común; suele ser más eficiente cuando este mando motiva la confianza mutua y la coordinación-colaboradora entre los participantes. Su eficacia depende de la ejecución y del contexto local donde se apliquen.
"La coordinación es «el eslabón perdido» entre nuestras autoridades de seguridad, difícil de lograrse por los protagonismos y celos entre corporaciones y la colusión de personas con delincuentes".
Cada una de estas instancias tiene funciones específicas dentro del entramado de la seguridad pública, la procuración de justicia y el mantenimiento del orden, utilizando para su coordinación "Instancias mixtas", "Consejos Estatales y Municipales de Seguridad Publica", "Instancias Judiciales" y "Sociedad civil y Organismos No gubernamentales".
"Las Mixtas de seguridad y justicia" operan con «Mesas de coordinación» de seguridad y justicia, «Consejos estatales y municipales de Seguridad Publica» enfocados a las estrategias de seguridad regionales y «Grupos Interinstitucionales de Seguridad» conformados por fuerzas policiales preventivas, de investigación y defensa entre los tres niveles de gobierno para operativos específicos de alto impacto.
"Las Instancias Judiciales" coordinan fiscalías y Poder Judicial conforme el sistema de justicia penal, existiendo varios modos de coordinación, algunos formales establecidas por la ley, otros a través de mecanismos informales o de cooperación interinstitucional.
"La Sociedad Civil y Organismos No Gubernamentales" participan en la supervisión de acciones policiales y la promoción de la legalidad y derechos humanos.
Cada una de estas instancias cumple un rol esencial dentro del entramado de seguridad y justicia en México, "colaborando de manera coordinada o bajo esquemas de mando único" para enfrentar los desafíos a la seguridad pública en el país.
En 1996, ante la creciente amenaza del narcotráfico a la Seguridad Nacional, la Sedena organizó, equipó y capacitó una exitosa estructura para la captura de líderes con tres componentes: de Inteligencia acopiando y analizando información (CIAN), para reacción inmediata (GAFES) y medios aéreos (FAM). Intercambiando productos de inteligencia con el área de inteligencia de Seguridad Nacional de los EUA y operándolos "cada quien en su propio territorio".
La Secretaría de Marina (SEMAR) construyó una estructura similar integrándose a esta lucha en 2006, en estrecha coordinación colaboradora con las agencias del entonces reciente Departamento de Seguridad Interior de los EUA con excelentes resultados.
En estos momentos, se están recrudeciendo dos amenazas semejantes a la Seguridad Nacional que afectan al "pueblo" en Chiapas y al "Gobierno" en Sinaloa, en dos porciones específicas de nuestro "Territorio".
En Chiapas, las comunidades de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Socoltenango, Tapachula y otros en la región fronteriza con Guatemala, sufren un éxodo masivo con miles de personas desplazadas por los enfrentamientos, homicidios, extorsión, reclutamiento y desaparición forzados, ocasionados por Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha y un nuevo grupo autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala.
El desalojo forzado ha sido documentado por organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde 2021, cuando más de 4,600 personas empezaron a ser desplazadas, empeorando la situación por la falta de respuesta efectiva de las autoridades ya superadas por el escenario actual.
"Aunque existen leyes para la atención de desplazados internos, su implementación ha sido limitada y las soluciones a largo plazo son escasas".
En Sinaloa, la detención de "El Mayo" y "El Chapito" en EUA genera un ambiente de tensión y reacomodo dentro del Cártel de Sinaloa, donde ya se han registrado episodios violentos; el gobierno estatal renueva su administración pública; y el gobierno federal minimiza la posibilidad de una escalada significativa de violencia, despliega preventivamente fuerzas armadas en la región y cuestiona la posible vinculación de autoridades mexicanas con el crimen.
"Priorizando acciones políticas y el incremento de fuerzas de defensa nacional al tema «que perturba» al gobierno federal y estatal en Sinaloa, «sobre la atención» a nuestro pueblo fronterizo de Chiapas, que se encuentra en absoluto estado de indefensión frente al crimen organizado".
Ambas amenazas están escalando, cuando nuestra administración pública tiene las capacidades administrativas y operativas federales y estatales para atenderlas simultáneamente, aplicando el criterio multidimensional de lo socio-económico que demanda "El Pueblo Mexicano" en Chiapas y la de un "Mando Único Coordinado y Colaborativo" de las instancias y fuerzas de seguridad interior, justicia y defensa en ambas porciones del territorio nacional.
* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.