La delincuencia organizada y electoral
A escasos meses que le restan al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, su promesa de campaña de pacificar a México en tan solo tres años ha quedado rebasada no solo por el tiempo, sino por los acontecimientos violentos y de inseguridad que, al contrario, se recrudecieron. Todo el barullo de aquella campaña presidencial del 2018 fue mera antilogía política.
Aun cuando delitos como el robo han ido a la baja, otros mucho más graves se han disparado hacia niveles jamás vistos en este país, manteniendo a los mexicanos en medio de una crisis de violencia abrumadoramente creciente. Inmersos de lleno en el proceso electoral, los votantes esperaríamos propuestas viables para atender este alarmante problema; empero, las ideas de las candidatas presidenciales distan mucho de corresponder al reto.
A casi 30 días para las elecciones federales y las concurrentes en los estados, hasta el momento han sido asesinados poco más de 30 aspirantes a un cargo de elección popular. Hoy, el electorado vive el proceso entre la atención a las propuestas de candidatas y candidatos, en medio de una creciente ola de violencia y crímenes que han alcanzado ya a la clase política de México.
De acuerdo con un informe de la consultora Integralia sobre agresiones políticas, desde principios del mes de septiembre de 2023 hasta el 21 de abril del presente año 2024, México registró 386 casos entre los que se presentaron amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios todo con un total de 501 víctimas, entre las que se encuentran aspirantes a algún cargo de elección y gente vinculada con la política.
Los estados del país en donde el referido estudio identificó el más alto riesgo para la celebración de las elecciones el próximo día 2 de junio son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, donde se estima que la delincuencia organizada está en disputa en el 80 por ciento de los territorios que comprenden a dichas entidades federativas.
En menor grado, pero sin dejar de representar un riesgo, se encuentran los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. Por su parte, los estados en los que hay más víctimas de violencia política, como parte de las disputas de la delincuencia organizada, son: Guerrero, con 73; Michoacán, con 56; Morelos, con 36; Chiapas, con 34, y Jalisco, con 32.
En recientes días y mientras el presidente López Obrador seguía rechazando que el crimen organizado tenga participación en las elecciones de este año 2024, inclusive a su candidata, Claudia Sheinbaum, le tocó vivir un episodio en el que un grupo de encapuchados, en Chiapas, la detuvo junto a su equipo de trabajo cuando transitaban hacia algún acto proselitista por aquella entidad.
El panorama que nos dan las cifras es crudo, haciendo innegable que la violencia política electoral en México se tornó en una seria crisis que desborda de las manos de las autoridades. Hoy, como nunca antes, la probidad de la democracia del país peligra al verse comprometida la voluntad del electorado, secuestrada y envuelta en un contexto violento creado por la delincuencia organizada y la concesión otorgada por los gobiernos.
EN LA BALANZA.- Han trascurrido 17 años desde la puesta en operación del Parque Industrial Ladrillero; sin embargo, el problema de la contaminación en Durango no se ha solucionado. El proyecto, planeado desde inicios del nuevo milenio, no ha rendido frutos y, por el contrario, los obradores siguen instalándose en la mancha urbana causando enfermedades entre los pobladores debido a la emisión de contaminantes.
CERROS SECOS Y PELONES... Estalló la huelga en la mina de Velardeña, ubicada en el municipio lagunero de Cuencamé. Los mineros reclaman la falta de pago de utilidades del presente año y el anterior. Los adeudos están por arriba de los 62 millones de pesos. El sindicato, como siempre, en lugar de ofrecer solución y defensa de los intereses de los trabajadores, ha incurrido en atropellos y violaciones a los derechos de los jornaleros para favorecer a los intereses de la compañía minera.
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