La seguridad pública y la Guardia Nacional en México

Tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Pública integrado por instancias federales, estatales y municipales para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar libertades, orden y paz públicos con un Consejo Nacional presidido por el Ejecutivo federal que cumple estas funciones con las instancias federadas para la prevención de la violencia y los delitos, sanción de infracciones administrativas y reinserción social de sentenciados. A la 48 sesión del Consejo Nacional el 2 de diciembre de 2022 en Veracruz, "asistió el pleno del gabinete federal", 29 gobernadores y jefa de gobierno. "Desde entonces, "solo el gabinete de seguridad" proporciona los otros datos antes de la mañanera, sin volver a reunirse el Consejo Nacional de Seguridad Pública".

Las autónomas fiscalías que están fuera de la administración pública del Poder Ejecutivo tienen la responsabilidad de Investigar para acreditar jurídicamente el delito que perjudicó al Estado o al ciudadano, interactuando con el también autónomo Poder Judicial para impartir justicia.

"Persiguen el delito" reuniendo evidencias con la investigación independiente y "Procuran" ante el Poder Judicial para impartir justicia, "debatiendo en el complicado lenguaje de las leyes en un intento constante por mantenerse alejados de la malsana política".

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública actual estableció ocho ejes prioritarios: erradicar corrupción y reactivar la autónoma `procuración de justicia´; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de centros penitenciarios; y, "seguridad pública, seguridad nacional y paz".

Sin lograr crear el entorno seguro y estable que propicie el desarrollo social, económico y político del país, no se integró "la actuación efectiva" de las fuerzas de seguridad y defensa con políticas públicas que enmienden las causas de inseguridad y promuevan cohesión social.

Dejan en el limbo la corrupción, salud, desarrollo sustentable, la reconstrucción del tejido social lacerado por la delincuencia generalizada, coordinación entre autoridades, participación ciudadana y la supervisión efectiva de ejecutores de los ejes de la estrategia sin rendición de cuentas ni transparencia.

La atención de la seguridad pública en nuestro país inició desde hace mucho con modificaciones producto de debates políticos con propuestas de soluciones sin éxito hasta el momento. "Todas han sido iniciadas con el Ejército".

Nos hicimos cargo de la seguridad pública en el ámbito rural con el despliegue de pelotones del Ejército en Partidas Militares y la creación de Cuerpos de Defensas Rurales capacitando y armando ejidatarios con mandos castrenses. Con militares se crearon las instancias de investigación tanto del delito como las represoras de adversarios políticos.

"Siempre hay ambiciones políticas abusivas del poder civil y militar cuando no hay instituciones que las contengan".

Los militares son requeridos para las policías preventivas, de investigación; nuestros abogados militares participan en la procuración de justicia, ante la creciente corrupción generada al permanecer militares sin supervisión y la discrecionalidad al nombrar civiles que los sustituyen en los mandos operativos y de dirección.

Esta administración no fue la excepción destruyendo totalmente una Policía Federal que inició en 1999 con solo tres tareas sustantivas que cumplió cabalmente: "Combatir Delincuencia Organizada, Restaurar Estado de Derecho y Auxiliar a la población civil". Sufrió innumerables cambios de visión, sin consolidar un Sistema de Desarrollo Policial que formara elementos y cuadros de mando con una doctrina policial de operación, agravado porque cada titular traía y daba grados superiores a sus adeptos.

Se ordenó la construcción de una Guardia Nacional con militares, sin precisar con claridad su papel dentro de los ámbitos temáticos de la seguridad pública; sin construir una "doctrina policial que protege personas y custodia bienes"; que existen policías preventivas y reactivas en los estados y municipios y que la tarea federal es anticiparse con acciones contundentes de inteligencia y presencia, apoyando con reacción inmediata y potente al ciudadano y autoridad local.

"Consideremos que la investigación para obtener evidencia del delito es de quien procura justicia ante el juez, que la ayuda operativa es con inteligencia policial, actuando en la prevención y ante la flagrancia".

El fin superior es fortalecer capacidades, reducir debilidades y carencias de los locales, superar las amenazas a la paz y tranquilidad, establecer esquemas sólidos y amigables de coordinación y colaboración para rescatar al ciudadano y a sus bienes de la indefensión en que lo tienen estas confusiones.

"Dejemos de discutir una supuesta militarización, precisando las tareas sustantivas de la Guardia Nacional y policialicemos a los militares que la integran, con mandos supervisores".

* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y

Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.