La sombra de Sinaloa acecha a Durango
La sombra del narcotráfico cubre al noroeste de México. Los últimos 12 días han puesto de manifiesto nuevamente la fragilidad del Estado frente a los grupos del crimen organizado, específicamente en Sinaloa. Desde el 9 de septiembre, una guerra entre los grupos de 'Los Mayos' y 'Los Chapitos' ha cobrado la vida de al menos 46 personas y continúa afectando a los habitantes de la región, directa e indirectamente.
La reciente declaración del comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Leana Ojeda, es más que alarmante: "No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer confrontación entre ellos". Este comentario no solo genera un profundo malestar entre los habitantes de Sinaloa, sino también en Durango, donde el conflicto comienza a afectar de manera significativa.
En municipios como Canelas, San Dimas, Tamazula y Topia las autoridades optaron por cancelar los eventos públicos relacionados con los festejos patrios como media preventiva, aunque sin admitir abiertamente que hay temor de enfrentamientos de este lado de Durango. Además, empresarios transportistas sufren ya pérdidas económicas por el bloqueo de carreteras y ataques a sus vehículos, estimándose que las pérdidas podrían ascender a 18 millones de pesos mensuales si la situación persiste.
Entre otras declaraciones desafortunadas, está la acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado a Estados Unidos como corresponsable de la violencia. Según el mandatario mexicano, las autoridades estadounidenses no habrían considerado el impacto que tendría en México la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada, líder de una facción del Cártel de Sinaloa, lo que desató la actual confrontación entre los dos grupos criminales.
La reciente muerte de un subteniente del Batallón 58 de Durango en los enfrentamientos en Culiacán no solo resalta aún más la gravedad del conflicto y la preocupación de los duranguenses, sino también la de los miembros del Ejército. La pérdida de vidas humanas es inaceptable, ya sean civiles o militares, y la idea de que el control de la seguridad dependa de los propios grupos criminales es un mensaje desalentador.
No obstante, la violencia, lejos de ser un problema exclusivo de Sinaloa, está teniendo ya un efecto expansivo hacia Durango que podría escalar. Y es que como vecino y con sus municipios enclavados en el 'Triángulo Dorado', se encuentra en una situación de riesgo latente. A pesar de que las autoridades estatales han desplegado operativos de seguridad en conjunto con las fuerzas castrenses, no ha sido suficiente.
En un contexto tan crítico, es fundamental replantear las estrategias de seguridad en México. El gobierno federal no puede simplemente culpar a factores externos; sin embargo, las autoridades locales deben asumir una postura más firme para proteger a sus ciudadanos. La inseguridad no solo genera miedo, sino que paraliza la economía, destruye familias y debilita la confianza en las instituciones.
La paz en Sinaloa, y en Durango por extensión, no debe depender de un acuerdo entre criminales. Es el deber del Gobierno de México garantizar la seguridad de todos los mexicanos, y hasta que esto no ocurra, la sombra del crimen seguirá empañando el futuro de estas dos entidades. El Estado mexicano debe recuperar el control del territorio, y no puede permitir que grupos del crimen organizado dicten las reglas del juego.
EN LA BALANZA.- Con seis meses de suspensión fue reprendida la directora de la Secundaria José Santos Valdez, donde trascendió en pasados días la quema de celulares decomisados a alumnos de esa institución educativa. La responsable es la exdiputada federal morenista Patricia Ortega, quien asegura que los mismos padres de familia firmaron un reglamento en el que se establece el decomiso; sin embargo, la Directora del plantel se propasó con tan exagerada medida de destruir los costosos aparatos, afectando los bolsillos de los jefes y jefas del hogar.
X: @Vic_Montenegro