Pestilente corrupción en la Delegación de Bienestar
Sembrando Vida, uno de los programas sociales insignia del Gobierno de México, concebido para la recuperación del medio ambiente, generar empleo y fortalecer el impulso de la autosuficiencia alimentaria, enfrenta en Durango una crisis que va más allá de los problemas administrativos: denuncias graves de corrupción, amenazas laborales y manipulación de datos.
En Durango, un grupo de beneficiarios de distintos municipios lleva ya tres días tomando las oficinas locales de la Secretaría de Bienestar, exigiendo respuestas claras ante la falta de pagos que denuncian desde hace más de un año, tiempo en el que las autoridades no han dado la cara siquiera para escuchar las demandas.
Los inconformes señalan que no solo han dejado de recibir los apoyos económicos prometidos, sino que además enfrentan presiones para realizar aportaciones monetarias "voluntarias", presuntamente bajo amenaza de ser dados de baja del programa.
Entre sus peticiones, los afectados exigen -con razón- la entrega inmediata de los recursos adeudados, la transparencia en el manejo del padrón de beneficiarios y una investigación exhaustiva sobre las irregularidades administrativas señaladas, que incluyen el presunto desvío de fondos y manipulación de cifras oficiales.
Las denuncias apuntan directamente a la coordinadora territorial, Damaris García Plasencia, y al delegado de Bienestar, Jonathan Jardines Fraire. Las acusaciones incluyen el manoseo descarado del padrón de beneficiarios, además de señalamientos por inflar las cifras de reforestación y reportar actividades ficticias para justificar el gasto de recursos.
No obstante, lo más preocupante es la presunta malversación de fondos. Y es que los sembradores denuncian que los recursos destinados a su pago son retenidos o utilizados con fines ajenos al programa, incluso entregados a personas que no poseen parcelas y que viven en los Estados Unidos. Este señalamiento se suma a una larga lista de irregularidades que, de confirmarse, revelan una estructura profundamente corrompida.
Por otra parte, trabajadores del programa también han levantado la voz. Además de las largas jornadas y la falta de condiciones laborales básicas, han enfrentado amenazas y represalias por reclamar sus derechos. Testimonios de empleados indican que incluso han sido penalizados por asistir a funerales de familiares o buscar oportunidades educativas.
El impacto de estas irregularidades trasciende a los beneficiarios y trabajadores; sin embargo, maniobrar deshonestamente las cifras afecta la percepción pública y la credibilidad del propio programa a nivel nacional e internacional. Además, pone en entredicho la capacidad del gobierno federal para ejecutar políticas públicas efectivas y transparentes.
Jonathan Jardines apenas asumió la Delegación de Bienestar en Durango, y ya comienza a evidenciar la mala conducta que con anterioridad exhibimos en este espacio editorial y otras publicaciones en medios. Incluso, sobre la coordinadora territorial, Damaris García, también señalamos la utilización del programa y sus beneficiarios en el pasado proceso electoral.
Lo que comenzó como una estrategia noble y prometedora para apoyar a los productores rurales ha degenerado en el segundo pido de la 4T, en especial aquí en Durango según las denuncias recientes. Frente a estas acusaciones, es imperativo que las autoridades actúen con firmeza. La Secretaría de la Función Pública debe realizar auditorías exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables, porque de verdad apesta a corrupción.
EN LA BALANZA.- El presidente del CDE del PRI, Ernesto Alanís Herrera, mandó un "estense quietos" a los suspirantes por la candidatura a la alcaldía de Durango. Aunque hace un llamado a la disciplina, el discurso institucional contrasta con una realidad política donde los "adelantados" suelen operar al margen de la legalidad que pregonan los partidos, entiéndase Guillermo Adame y Alicia Gamboa, quienes han evidenciado una lucha temprana para posicionarse.
X: @Vi_Montenegro