Acusan a director de una cárcel de obligar a reos salir del penal para robar en gasolineras
El director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, fue separado de su cargo luego de que un interno lo acusara públicamente de extorsión, amenazas y de obligar a reos a participar en robos fuera del penal. La denuncia, difundida en redes sociales mediante un video grabado desde el interior del centro, generó alarma entre autoridades y organismos de derechos humanos.
En la grabación, el interno señala directamente a Martínez Guerrero y a otros funcionarios del Cereso, a quienes acusa de exigir pagos quincenales de hasta 20 mil pesos bajo amenaza de muerte. También afirma que algunos reos eran sacados del penal para cometer robos a gasolineras e incluso asesinatos, bajo órdenes de la dirección. El denunciante pidió apoyo a la presidenta de la República y expresó temor por su vida y la de su familia.
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Ya había antecedentes con respecto al caso
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la separación del cargo busca garantizar una investigación transparente y objetiva. El proceso quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Mientras tanto, se designó a un encargado temporal para mantener la operatividad del penal.
El caso revive señalamientos previos sobre el Cereso de Tlaxcala, incluido el diagnóstico de la CNDH que reportó deficiencias en seguridad, salud y gobernabilidad. En 2023, el 28% de los penales del país presentaban signos de autogobierno o cogobierno, condiciones que favorecen prácticas ilegales como las denunciadas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió expediente, entrevistó al interno y emitió medidas cautelares para protegerlo a él y a su familia. El video, convertido en evidencia pública, obliga a revisar el papel de las instituciones penitenciarias y su capacidad para garantizar derechos básicos.
Destaca que este caso recuerda a uno similar ocurrido en el Cereso número dos de Gómez Palacio, Durango, donde en 2010 se documentó la salida de internos para cometer asesinatos por encargo, con apoyo logístico de custodios y de la directora del Centro Penitenciario, Margarita Rojas Rodríguez. Aquel penal fue escenario de riñas, ejecuciones y el asesinato de una celadora, mientras los reclusos usaban armas oficiales y vehículos del Estado,
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