Alcaldes en la trinchera
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, no solo terminó la vida de un líder comunitario: encendió un símbolo; sencillamente su sombrero representa la dignidad de quienes se niegan a normalizar la violencia. Pero mientras la ciudadanía busca esperanza en símbolos, los ayuntamientos siguen siendo los espacios más vulnerables a la captura del crimen organizado.
Si vemos el recientemente presentado Índice de Crimen Organizado 2025, México aparece como el segundo país con mayor criminalidad del mundo, solo detrás de Myanmar y en niveles de países con conflictos bélicos como Afganistán, Irak o Sudán. Además, el informe revela que los cárteles han dejado de ser exclusivamente narcotraficantes para convertirse en corporaciones criminales multifacéticas con tráfico de armas, trata de personas, el huachicol y hasta la minería ilegal.
Esta diversificación explica por qué la violencia política y la captura de instituciones locales se han vuelto fenómenos recurrentes: los ayuntamientos, con recursos limitados y policías débiles, son el eslabón más frágil frente a organizaciones que operan con estructuras comparables a las de las grandes empresas mexicanas.
Por lo tanto, aunque la criminalidad es altísima, el gran problema es que la capacidad institucional para enfrentarla es débil, de ahí lo interesante del indicador de resiliencia del mismo índice que mide la capacidad de un país para resistir, prevenir y responder al crimen organizado. México se ubica en el lugar 111 de 193 países, por lo que, a pesar de que existe un marco legal y esfuerzos de cooperación internacional, la corrupción y la infiltración criminal en distintos niveles de gobierno siguen minando la capacidad de respuesta.
No tan solo ha sido Carlos Manzo; por ejemplo, en el reporte que hace Integralia sobre Violencia Política, tan solo en la primera mitad de este año se tenía registro de 253 hechos de violencia política, entre los que se incluyen 112 asesinatos, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros y 11 desapariciones, destacando los casos de funcionarios asesinados del Gobierno de la Ciudad de México, o alcaldes de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
Si bien es cierto que Durango es un estado con baja incidencia de violencia política, no está libre de riesgo, pues los municipios siguen siendo vulnerables por su debilidad institucional y sus propios contextos. Por ejemplo, la mayoría de los municipios opera con plantillas policiales reducidas, sueldos insuficientes, falta de equipo, armamento y capacitación. Esta precariedad convierte a los alcaldes en figuras expuestas, sin capacidad real de defensa institucional, lo que abre la puerta a la cooptación por parte del crimen organizado.
Por lo pronto, los municipios no son solo los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía y la primera línea de defensa democrática, sino también el eslabón más débil frente a corporaciones criminales que operan con poder económico y territorial muy superior.
X @omarortegasoria