Argentina inicia juicio histórico por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrenta desde el jueves un juicio por la que los investigadores consideran la mayor causa por corrupción de la historia argentina reciente, acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales en las áreas de la construcción, la energía y el transporte.
Fernández (2007-2015) y su abogado, Carlos Beraldi, seguían el debate de forma virtual en el departamento de Buenos Aires donde la exmandataria, de 72 años, reside y cumple desde junio una pena de prisión domiciliaria de seis años por corrupción.
La líder del peronismo, la principal fuerza opositora, ha negado los cargos en este nuevo proceso que la tiene como principal imputada y antes del inicio de la primera audiencia sostuvo en X que la justicia busca montar “otro show” para ponerle freno en la arena política.
"No les bastó con meterme presa", dice Cristina Fernández
“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, sostuvo la exmandataria. Fernández quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos en la sentencia a prisión que la Corte Suprema confirmó este año por el caso de más de 50 obras viales direccionadas a un empresario allegado.
“Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses”, agregó la también exvicepresidenta (2019-2023) en alusión a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.
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El juicio a Cristina Kirchner podría durar meses
En su mensaje Fernández rechazó el “escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos (falsos) reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados”, en referencia a las supuestas adulteraciones que se habrían cometido en los escritos y a la veintena de empresarios que habrían sido obligados a confesar los pagos durante la investigación.
Como organizadores de la asociación ilícita están imputados, entre otros, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; el exministro de Planificación Julio De Vido, y el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, quien tenía como chofer al dueño de los cuadernos.
Una investigación periodística puso en conocimiento de la justicia en 2018 el contenido de los cuadernos con las anotaciones sobre los movimientos durante años de Baratta y otros funcionarios que aparentemente trasladaban bolsos con dinero desde las sedes de distintas empresas a los despachos y domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo.
Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está un domicilio particular que Fernández tuvo en Buenos Aires.
En septiembre, cerca de 50 empresarios y cuatro exfuncionarios propusieron la reparación económica del perjuicio causado para evitar el juicio, lo que fue rechazado por la fiscal Fabiana León, quien lleva adelante la acusación en el proceso, señalando que el caso investigado “es el paradigma de la gran corrupción” y “no hay precio” posible que repare el “daño institucional” causado. Se prevé que el juicio se prolongue durante meses.
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