'Autos chocolate': ¿qué pasará con los autos extranjeros tras los abusos detectados en el programa?
El ciclo de regularización de los autos importados irregularmente, conocidos como “autos chocolate”, se encuentra en un punto de inflexión. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el decreto en vigor sufrirá modificaciones luego de que se detectaron abusos en su aplicación.
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¿Qué implica el programa actual?
En diciembre de 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó un decreto que permitió legalizar vehículos extranjeros en circulación irregular en México. La Secretaría de Hacienda extendió posteriormente el plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, mediante el último decreto publicado en 2024.
Hasta ahora, más de 2.5 millones de vehículos han sido registrados. Esto otorgó certeza jurídica a los propietarios, ayudó a identificar dueños para fines de seguridad, y generó una recaudación cercana a los 6,398 millones de pesos, invertidos principalmente en obras de pavimentación en territorios donde se aplicó el programa.
Abusos detectados
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) fue una de las primeras en alzar la voz. Su presidente ejecutivo, Guillermo Rosales Zárate, aseguró que la medida favorece el lavado de dinero, erosiona el control sobre los importadores y contribuye a reforzar estructuras del crimen organizado.
Aunque Sheinbaum no detalló los tipos específicos de abusos, diversas fuentes coinciden en que se utilizó el programa para obtener placas con vehículos accidentados, robados o defectuosos, y que revendedores se aprovecharon del sistema para inflar precios.
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¿Qué cambios vienen?
La mandataria adelantó que la Secretaría de Hacienda incluirá las modificaciones dentro del próximo Paquete Económico 2026. El objetivo primordial es limitar los abusos detectados y redefinir el programa como una herramienta ordenada que cumpla su propósito original, proteger el patrimonio de familias sin abrir la puerta a irregularidades.
¿Qué esperar en los próximos días?
Se anticipa que el gobierno presente medidas más estrictas como:
- Requisitos más exigentes en inspecciones físico-mecánicas y ambientales.
- Limitaciones en la antigüedad de los vehículos sujetos a regularización.
- Señalamientos más claros para probar la propiedad legítima antes de una fecha límite.
La intención es preservar la vía legal para quienes realmente la necesitan, pero evitando que el programa sea explotado como un atajo para prácticas irregulares.