Competencia. Desde el año pasado está establecida la competencia de la FECC en la investigación del delito de tortura.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) formalizaron un convenio de colaboración académica, con el fin de fortalecer las capacidades del personal de la institución.
El Fiscal Especializado de Durango, Noel Díaz Rodríguez, agradeció a Gabriela Alejandra Rosales Hernández, titular del INACIPE, las facilidades otorgadas para concretar este acuerdo, destacando que el Instituto es un referente nacional e internacional en la formación, actualización y especialización de profesionales en el ámbito de la procuración de justicia, así como en la investigación y difusión del conocimiento jurídico.
En su mensaje, el Fiscal destacó que la capacitación continua y la profesionalización del personal es clave para garantizar una actuación eficaz, imparcial y respetuosa de los derechos humanos.
Díaz Rodríguez recordó que desde noviembre de 2024, el Congreso del Estado de Durango designó a la Fiscalía Especializada como autoridad competente para conocer, investigar y perseguir el delito de tortura. Ante este nuevo mandato, se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, lo que hace de este diplomado una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades institucionales.
Por su parte, Rosales Hernández señaló que el INACIPE tiene como misión el fortalecimiento de la procuración de justicia del país, formando especialistas en este ámbito y manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía anticorrupción y así fortalecer el trabajo de ambas instituciones.
En el marco de este acuerdo, el INACIPE impartirá el Diplomado de Especialización sobre la Investigación del Delito de Tortura a servidores públicos de la Fiscalía anticorrupción, brindándoles herramientas teóricas y prácticas que permitan garantizar investigaciones con apego a los más altos estándares nacionales e internacionales.
El curso, que tendrá una duración de 120 horas divididas en ocho módulos, permitirá cumplir con el mandato constitucional, brindar un mejor servicio a la sociedad, generar confianza en las víctimas, garantizar la reparación del daño y ejercer la labor de procuración de justicia con eficiencia.