Caso Judith Alejandra: cuando la seguridad y la procuración de justicia fallan en Durango
Durango despertó el 23 de octubre de 2025 con una noticia que conmocionó a todos: la desaparición de una bebé de apenas un mes de nacida del Hospital Materno-Infantil. En cuestión de horas, la angustia de los padres se convirtió en la de miles de familias duranguenses que, por un instante, sintieron que cualquier hijo podría desaparecer sin que nadie pudiera impedirlo.
La localización de la menor al día siguiente alivió parcialmente la tensión, pero dejó al descubierto una realidad mucho más profunda y dolorosa para la sociedad: la vulnerabilidad de quienes deberían estar protegidos y la fragilidad de un sistema de procuración de justicia que, al menos en la percepción pública, no garantiza certeza ni transparencia.
Que un hospital estatal, lugar donde se espera el cuidado más estricto para recién nacidos, pueda ser escenario de la sustracción de una bebé es un golpe directo a la confianza ciudadana. Los duranguenses observan, impotentes, que la vigilancia es insuficiente, los protocolos son frágiles y las responsabilidades, difusas.
Cada puerta, cada descuido, cada acceso sin control se convierte en un riesgo latente que erosiona la sensación de seguridad. Para muchas madres y padres de Durango, el simple acto de dejar a su recién nacido en un hospital debería ser un acto de fe en la protección institucional. Sin embargo, el caso de Judith Alejandra demuestra que esa fe es frágil y que la administración estatal tiene un reto pendiente: garantizar que los espacios de salud no se conviertan en lugares de inseguridad.
Aunado a esto, la procuración de justicia abre otra herida en la percepción social: la violación al debido proceso. La detención de Anabel, trabajadora de limpieza, ha generado un intenso debate. Por un lado, las autoridades afirman tener líneas de investigación que justifican la aprehensión; por el otro, familiares y ciudadanos denuncian violaciones al debido proceso, detenciones sin orden judicial y una clara manipulación de pruebas y de la relatoría de los hechos.
Esta dualidad alimenta la desconfianza: si la justicia actúa sin transparencia o con errores de procedimiento, el sistema mismo se vuelve una fuente de temor e incertidumbre. La sociedad duranguense, que ya se siente vulnerable por la inseguridad cotidiana, observa cómo la justicia puede convertirse en un instrumento impredecible, capaz de herir tanto como el delito que busca sancionar.
La combinación de ambos elementos -inseguridad en hospitales y dudas sobre la legalidad en la detención y probable responsabilidad de Anabel- tiene un efecto devastador: erosiona la confianza ciudadana en instituciones que deberían ser pilares de protección.
La población se pregunta si es seguro acudir a servicios públicos de salud, si se puede confiar en la justicia y si, en un futuro, otro niño podría estar en la misma situación que Judith Alejandra o incluso cualquier ciudadano ser acusado de un delito como es el caso de Anabel. La indignación y la preocupación se mezclan con un sentimiento de impotencia, que se refleja en redes sociales, en conversaciones de sobremesa y en notas periodísticas.
Más allá de las responsabilidades individuales, este caso debería provocar una reflexión profunda sobre la gestión institucional y la responsabilidad del Estado. La seguridad en hospitales no es un lujo ni un detalle administrativo: es una obligación del Estado que incide directamente en la vida de los ciudadanos. La transparencia y la certeza en la procuración de justicia tampoco son opcionales; son la base sobre la que se construye la confianza social y se previene la arbitrariedad que genera miedo y fractura la cohesión comunitaria.
En última instancia, la historia de Judith Alejandra es un recordatorio de la fragilidad de los hospitales públicos. Es un llamado a reforzar protocolos y a reforzar la seguridad en los mismos. Pero también es un recordatorio doloroso de lo que la sociedad siente cuando percibe que la protección de los más vulnerables -niños, recién nacidos, familias- no es prioridad, y que el miedo y la incertidumbre pueden calar hondo en el tejido social.
La indignación que hoy siente Durango puede transformarse en un motor de cambio, siempre y cuando las instituciones asuman la responsabilidad de reconstruir la confianza social, la cual ya se encuentra sumamente desgastada.
@AntonioBrachoM