Certificado de Covid en el caso de Paloma Nicole podría ser falso: Fiscal

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso fue cuestionada sobre el caso la menor Paloma Nicole, quien falleció luego de haber sido sometida a una cirugía estética en Durango.

En sus respuestas, además de revelar que posiblemente se falsificó un certificado de Covid, demandó a los diputados legislar en varios temas como la usurpación de profesiones, para que este tipo de casos no queden impunes.

Para responder a las preguntas planteadas por el diputado José Osbaldo Santillán, la Fiscal explicó que el 20 de septiembre se recibió una llamada al 911 por el fallecimiento de la menor, por lo que se trasladó el gabinete la Fiscalía General del Estado a la clínica particular donde fue la cirugía; sin embargo, al llegar, se les informó que el cuerpo ya había sido llevado a la funeraria.

El personal de la Fiscalía se trasladó a la funeraria, donde ambos padres manifestaron estar de acuerdo con el certificado de defunción, que no solo establecía que la causa de la muerte era enfermedad, sino que también establecía otras tres causas: edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Sin embargo, al día siguiente el padre acudió a presentar una denuncia a la Fiscalía, luego de haberse dado cuenta de que su hija había sido operada sin su autorización. Posteriormente, se hizo la necropsia de ley, pero como el cuerpo ya estaba preparado y tenía más de 24 horas, los resultados no pudieron ser concluyentes, por lo que se optó por un examen histopatológico, para determinar las causas de la muerte.

Una vez que se tengan estos resultados, se sumarán a la carpeta de investigación en la que ya está el expediente clínico, la declaración de los testigos, los videos de quienes participaron en la cirugía, así como todos los documentos que rodean este caso.

Refirió que, sobre el certificado de Covid positivo que se le envió al padre y que él mandó al colegio, este documento no está en el expediente clínico y la persona que aparece en el mismo como responsable, declaró que no lo emitió. “Ese documento no ha sido usado ante la autoridad, sin embargo, pudiera ser una falsificación”, agregó.

Asimismo, informó que se pedirá un dictamen especializado para determinar si hubo una mala praxis en la cirugía, en la anestesia y en el tratamiento posterior. “La niña cayó en paro ese mismo día de la cirugía, no dentro del quirófano, sino posterior a esto. Entonces, hubo intervención de una cantidad de médicos importante, tenemos que ver la actuación de cada uno de ellos y la participación”, indicó.

Delitos probables

Sobre los delitos que se pudieran perseguir, la Fiscal habló del delito de omisión de cuidados por parte de la madre por haber puesto a la niña en un peligro innecesario. “También tenemos un posible homicidio culposo o pudiera en su momento analizarse si pudiera haber una representación ahí o una comisión por omisión. También tenemos la responsabilidad médico profesional y otra más donde no se recabó el consentimiento del otro padre, aún cuando la Norma Oficial Mexicana del consentimiento informado no se establece con que se tenga la firma de uno de los padres. Sin embargo, los dos tenían la patria potestad. No tenemos límite en la legislación”.

Asimismo, enfatizó que hay un vacío legal en el tema de la usurpación de profesión. “Aquí ya hay una iniciativa de reforma con su respectiva exposición de motivos que le solicito a esta legislatura se haga el estudio correspondiente. Está defectuoso el tipo penal. Dice: quien no hubiera estudiado para, o sea, con un semestre que yo haya estudiado puede salir absuelta la persona. Necesitamos ser precisos y obtener las certificaciones y establecer agravantes en el caso del procedimiento médico que pone en riesgo la vida de las personas. Por favor, les pido respetuosamente para el bien de la ciudadanía y de Durango que se legisle al respecto, se revise y si es necesario se le hagan las modificaciones, pero es urgente que intervengamos en esos casos y hagamos lo correcto para que los jueces puedan aplicar la justicia y no queden impunes”, estableció.

Por otro lado, al responder a las preguntas del diputado, Martín Vivanco, expuso que la ley establece una penalidad de tres meses a dos años de prisión para la omisión de cuidados por parte de la madre, pero con la posibilidad de terminación anticipada con un mecanismo alterno, sin embargo, no se tienen previstas circunstancias como la que se vive con el caso de Nicole, por problemas de redacción en la legislación que se deben corregir. “Porque una omisión de cuidado a personas vulnerables es un caso grave”.

Asimismo, refirió que en el tema de responsabilidad profesional, que es una agravante, también implica una pena pequeña.