El Nazas habla; los gobiernos callan
En la Comarca Lagunera, dentro de la zona metropolitana, áreas conurbadas y municipios que comprenden aquella región, desde hace tiempo el río Nazas dejó de ser visto únicamente como un cauce seco para convertirse en un símbolo ambiental, y de gran identidad para los habitantes de toda esa productiva zona del país.
Hoy, donde el agua ya no corre, fluye una exigencia ciudadana que rebasa los límites estatales y las fronteras nacionales, a grado tal de llevar al Estado mexicano ante instancias internacionales por omisiones ambientales graves, que han llevado a la terrible desecación de la cuenca baja del emblemático afluente hídrico.
La paradoja es evidente. Y es que mientras organizaciones civiles y amplios sectores de la ciudadanía empujan una agenda de recuperación y justicia ambiental, las autoridades ambientales de los estados de Durango y Coahuila caminan a ritmos muy distintos, aunque las primeras, francamente, no parecen siquiera hacer el intento de dar paso.
La reciente admisión del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un gesto menor. Es el reconocimiento formal de que el problema puede constituir una violación a derechos humanos, y de que el abandono institucional del Nazas es un problema estructural con impactos en la salud, el medio ambiente y la vida misma en la Comarca Lagunera.
Detrás de esta acción no hay partidos ni gobiernos, sino ciudadanos organizados que, durante años, tocaron puertas que nunca se abrieron. Prodefensa del Nazas y Nazas Vivo, lograron lo que a las instituciones no han querido hacer: documentar el daño y ganar amparos para dotar al río de personalidad jurídica.
Lo anterior es un ejemplo muy claro sobre cómo es que la presión social está llenando ese vacío que, por omisión o desinterés, dejaron de lado las autoridades ambientales. Es entonces, en ese contexto, que tanto Coahuila como Durango exhiben posturas distintas, pero igualmente insuficientes.
En Coahuila, la secretaria Diana Susana Estens ha reconocido públicamente el valor simbólico y social de estas iniciativas. Ha hablado de un "anhelo colectivo" y ha mostrado apertura al diálogo, aunque su postura se mantiene cuidadosamente contenida en el terreno técnico: estudios, viabilidad, análisis hídrico. Empero, no hay respaldo explícito.
Durango, en cambio y nada raro, parece jugar al silencio. Hasta ahora no existe una posición pública clara de la Secretaría de Medio Ambiente frente a la admisión del caso por la CIDH, ni frente a las demandas históricas de las organizaciones ciudadanas. No hay rechazo, pero tampoco respaldo; no hay postura, ni siquiera cautela declarada por parte de Claudia Hernández Espino, titular de la dependencia.
El mensaje es contundente: mientras la ciudadanía entiende que el problema del río Nazas es un asunto de derechos humanos y futuro regional, los gobiernos de México, de Coahuila y de Durango, parecen tratarlo como un tema incómodo que se puede esquivar con omisiones discursivas. En tiempos donde la agenda ambiental gana peso global y jurídico, no fijar postura también es una decisión que implica costos políticos.
EN LA BALANZA.- La extorsión no siempre proviene de la delincuencia organizada, también puede incubarse dentro de las propias instituciones. El señalamiento de Coparmex Durango, pone el dedo en una herida que apenas si fue suturada con delgados hilos tras la captura de "El Limones". Señalar que prácticas discrecionales, inspecciones selectivas o sanciones usadas como presión deterioran la confianza empresarial, es un llamado incómodo pero necesario, sobre todo en un contexto donde se presume el fortalecimiento del Estado de Derecho. Combatir la extorsión implica también limpiar la casa.
X: @Vic_Montenegro