Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte; José Jerí, presidente del Legislativo, asume cargo
El Congreso de Perú aprobó de manera acelerada la destitución de la presidenta Dina Boluarte, al declararla con “incapacidad moral permanente” para enfrentar la creciente inseguridad y el avance del crimen organizado.
Con 122 votos a favor, una cifra muy superior a los 87 necesarios, el Legislativo puso fin a su mandato de casi tres años, a solo seis meses de las elecciones generales convocadas para 2026.
La votación se realizó tras la acumulación de cuatro mociones de vacancia en su contra, un proceso que avanzó sin que la mandataria acudiera al hemiciclo para ejercer su defensa. Boluarte, quien llegó a la presidencia en 2022 tras la caída de Pedro Castillo, perdió finalmente el apoyo de los mismos partidos de derecha que la sostuvieron durante su gestión.
Salida marcada por la impopularidad
Boluarte se convirtió en la primera mujer en gobernar Perú, pero también en la presidenta más impopular de la región, con apenas un 3 por ciento de aprobación.
Su administración estuvo marcada por más de 50 muertes en protestas sociales, múltiples denuncias de corrupción y cuestionamientos por su manejo de la crisis política.
Poco después de ser destituida, ofreció un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. La alocución fue interrumpida en televisión nacional cuando empezaba a enumerar los logros de su gestión. Acto seguido, abandonó la sede presidencial sin la banda oficial y su paradero quedó sin conocerse durante varias horas.
Sucesión inmediata
Ante la falta de vicepresidentes, la Constitución peruana establece que asuma el presidente del Congreso. De esta forma, José Jerí, legislador del partido Somos Perú, tomó protesta como mandatario interino, convirtiéndose en el séptimo jefe de Estado del país desde 2016.
El nuevo escenario político coloca a Perú de nuevo en una situación de incertidumbre institucional.
Mientras tanto, Boluarte enfrenta al menos once investigaciones fiscales por presuntos delitos que van desde violaciones a los derechos humanos hasta corrupción, lo que podría derivar en nuevas acciones judiciales en su contra.
Camino a nuevas elecciones
Con esta decisión, el país se encamina hacia los comicios de 2026 en medio de un ambiente de desconfianza hacia la clase política. Varios líderes que respaldaron la destitución ya se perfilan como aspirantes presidenciales, lo que anticipa una contienda marcada por la fragmentación y la pugna de intereses.