¿Convalidar la farsa?
Se nos invita a convalidar, en dos semanas, una farsa catastrófica. Se pide nuestro voto para aniquilar al poder judicial como poder profesional e independiente y destruir, al mismo tiempo, las bases de confiabilidad de nuestro régimen electoral. Se nos llama a votar a ciegas por candidatos que provienen de la misma coalición política. En una elección normal, los votantes tienen pistas para orientar su voto. Cuentan con atajos para entender las alternativas que aparecen en la boleta. Pueden ubicar las opciones de continuidad y de cambio; el elector identifica con facilidad las opciones ideológicas; tiene en la memoria lo que las ofertas partidistas han significado en la historia reciente. Nada de eso habrá en la elección judicial. Más allá de las caras de las ministras que adelantan pleitesía a la nueva mayoría, es imposible identificar a quienes buscan nuestro voto.
El voto tiene sentido si es un acto de responsabilidad ciudadana. Cada uno podrá votar por razones estratégicas (quiero fortalecer a la oposición en el congreso), por alguna persuasión ideológica (quiero apoyar a la izquierda), por hábito (siempre he votado por los nacionalistas) o por enviar un mensaje (necesitamos nuevos partidos). El vínculo democrático se establece cuando el votante se somete a las consecuencias de su voto. Disfruto o padezco lo votado. El votante que apuesta por una opción está ligado a ella porque habrá de asumir las consecuencias de su decisión. Sentirá el orgullo de una decisión acertada y podrá aprender si concluye que se equivocó al votar. Nada de ello ofrece la elección de jueces porque no deben traducir la voluntad de sus votantes en decisión. Querer que un juez se someta a mi voluntad o a la de la mayoría es querer comprarlo. Un legislador o un alcalde, por supuesto, ha de seguir nuestras instrucciones. Un árbitro no. El legislador que traiciona sus promesas, el partido que incumple su programa, el político que le da la espalda a sus electores puede y debe ser castigado a través del voto. Participar en la elección de los árbitros es aceptar que un ministro de la Suprema Corte de Justicia sea un diputado judicial.