Cristhia versus el poder y la justicia selectiva en Durango
En Durango, la justicia no se sopesa con balanza calibrada. Referente de ello es la vinculación a proceso de Cristhia "N" por presunto chantaje a su exesposo, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira. Un caso que vuelve a colocar sobre la mesa un tema incómodo, pero urgente de tratar: la manera en que los poderes se entrelazan cuando hay un hombre influyente y una mujer que denuncia violencia.
Martín Vivanco no es un ciudadano común y corriente. Es un legislador, y por ende cuenta con el beneficio y comodidad de tener las conexiones políticas necesarias y precisas para salir avante en una situación como esta. Sobre todo, goza de un fuero que -aunque no debería- se traduce en ventajas prácticas dentro del sistema judicial, aunque se niegue.
Denunciado por violencia familiar y de género, Vivanco terminó por revertir la narrativa y colocar a su exesposa en el banquillo de las acusadas. No es la primera vez que un hombre poderoso logra transformar una denuncia de violencia en un contrataque judicial, y lamentablemente, tampoco parece que será la última.
Un dato que no debe pasar inadvertido es el hecho de que la audiencia se realizó de manera privada a petición del propio diputado, lo que encendió las alarmas de colectivas feministas. Un grupo de mujeres se manifestó afuera de los juzgados exigiendo transparencia y justicia; sin embargo, todo fue en vano.
Estamos hablando no solamente de un caso personal o de pareja, sino de un ejemplo claro de cómo se ejercen mecanismos institucionales que pueden terminar revictimizando. Discriminar, revictimizar y la impunidad en la respuesta del Poder Judicial a casos concretos de violencia de género han sido identificados con relación al acceso a la justicia de mujeres víctimas de la violencia en todos los países de Latinoamérica.
La exregidora Paulina Monreal ya había denunciado el machismo estructural dentro de MC cuando Martín Vivanco encabezaba la coordinación estatal. No sorprende, entonces, que un partido cuyo dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, ha declarado públicamente que "siempre hay que creerle a las mujeres cuando denuncian una agresión", guarde ahora silencio frente a lo que ocurre en sus propias filas. Peor aún, el mutis de las mujeres emecistas.
Este episodio vuelve a mostrar una realidad que muchas mujeres enfrentan en México y en América Latina que, cuando denuncian a un hombre poderoso, la báscula judicial suele inclinarse en su contra. Lo que debería ser un proceso con perspectiva de género, como mandata el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo más de violencia institucional.
La denuncia de extorsión contra Cristhia podría, legítimamente, investigarse. No obstante, el problema radica en el contexto de un hombre con poder político, que podría estar utilizando todas las herramientas institucionales para revertir acusaciones de violencia de género. Eso no es justicia, sino el modelo de un sistema judicial que todavía opera con sesgos profundamente arraigados.
EN LA BALANZA.- La realidad económica de Durango sigue golpeando aún más fuerte que cualquier discurso triunfalista. Y es que mientras los negocios cierran, los empleos prometidos no llegan. De acuerdo a la nota periodística publicada ayer por este medio, en tres años se han perdido 764 empresas netas y apenas se han generado 346 empleos formales, un número ridículo frente a las necesidades de una población que crece. Lo que muestran estas cifras del IMSS no es una simple desaceleración, sino un estancamiento que debería encender alarmas en el gobierno estatal. No basta cortar listones o presumir inversiones futuras: se necesitan condiciones reales para que las empresas sobrevivan y generen trabajo digno.
X: @Vic_Montenegro