Debido proceso

En una entrevista reciente, el presidente Donald Trump comentó, respecto a la obligación del estado norteamericano de respetar el debido proceso que la ley señala para la deportación de personas que no son ciudadanos de ese país, señalando que "no sabía" si era necesario seguir el "debido proceso" judicial con personas que no son ciudadanos y que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos.

A pesar de que la quinta enmienda constitucional en los Estados Unidos garantiza que toda persona, independientemente de su estatus como ciudadano o de su situación migratoria, tiene derecho a un proceso judicial, al Presidente, quién prometió el programa de deportaciones más grande en la historia de su país, le parece que someterse a millones de juicios de extradición puede retardar su agenda en esa materia y por esa razón le parece que dicha garantía constitucional puede obviarse o al menos interpretarse de una manera tan laxa que le permita cumplir con su programa de inmigración sin la necesidad de sujetarse a las sentencias del sistema judicial.

No es menor que el Presidente declare que puede dejar de cumplir con lo que mandata la Constitución o, como ya ha sucedido en al menos un par de ocasiones, con sentencias que dictan jueces federales de ese país.

Los Estados Unidos son un país con una historia mucho más larga y mucho más sólida respecto a la construcción de instituciones democráticas que la nuestra, por eso preocupa que en ese país se esté llevando, toda distancia guardada con México, un proceso de debilitamiento de las instituciones públicas.

Ahora vemos algo que era impensable hace pocos años: declaraciones de altos funcionarios de la administración federal estadounidense denostando a jueces federales y, lo más importante, la desobediencia flagrante a órdenes de jueces federales, está siendo analizado con asombro en los medios de comunicación de ese país, que dan cuenta de los cada vez más frecuentes choques entre la administración de Trump y el Poder Judicial.

Tal vez a muchos mexicanos nos indigne la destrucción institucional que lleva a cabo el régimen político en nuestro país, que busca controlar todos los espacios de la vida pública y cuyo punto culminante fue la reforma judicial, sin embargo, sabemos que en nuestro país no existe el nivel de solidez en las instituciones democráticas que tienen los Estados Unidos.

Dado el lamentable nivel de ética pública de la clase política mexicana desde hace décadas y, en la práctica, su nulo compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, lo esperado era que actuaran de la manera que lo han hecho durante los últimos años, aprobando reformas constitucionales sin ningún análisis, eliminando de la Constitución y las leyes el acceso efectivo a derechos, ya que el gobierno se constituye como juez y parte, y un largo etcétera al que ya se ha hecho referencia varias veces en esta columna.

Hablar de un debilitamiento de las instituciones democráticas en los Estados Unidos, particularmente del rol del Poder Judicial, era algo muy lejano en el debate público de ese país. Ahora, a tan sólo 100 días de tomar posesión Donald Trump es algo de los que todos los medios están hablando y, con cierto temor, valorando la posibilidad de que ese debilitamiento de las instituciones democráticas pueda tener consecuencias mucho más amplias en las siguientes décadas.

X: @jesusmenav