Decomisan más de 700 litros de hidrocarburo durante cateo en domicilio de Mapimí
Como parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble del municipio de Mapimí, donde se localizó y aseguró una cantidad considerable de hidrocarburo almacenado de manera ilegal, así como un vehículo utilizado presumiblemente para su transporte.
La acción fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, la cual solicitó y obtuvo de un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio la orden de cateo correspondiente, por la probable comisión del delito de almacenamiento de hidrocarburo sin los permisos establecidos por la ley.
Fue en las inmediaciones del kilómetro 107 de la carretera Torreón–Jiménez, a la altura del poblado de Yermo, donde se llevó a cabo la diligencia judicial.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos de la Coordinación de Servicios Periciales y un agente del Ministerio Público Federal (AMPF), quien encabezó el aseguramiento del lugar.
Durante la intervención se localizaron 19 bidones de plástico con capacidad de 50 litros cada uno, los cuales no se encontraban llenos en su totalidad, pero que en conjunto sumaron un volumen aproximado de 744 litros de posible hidrocarburo, cuya procedencia legal no pudo acreditarse. Además, fue asegurada una camioneta presuntamente empleada para la transportación del combustible.
El inmueble, así como los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, con base en lo previsto por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
La FGR reiteró su compromiso de combatir de manera frontal los delitos que atentan contra la seguridad energética del país, y de mantener la coordinación con las fuerzas armadas y corporaciones federales para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.