Infraestructura. No existe un censo público ni mapa oficial que identifique zonas adaptadas o pendientes de intervención.
En Durango, la accesibilidad para personas con discapacidad sigue siendo una deuda estructural. Aunque existe una Ley Estatal de Accesibilidad que obliga a eliminar barreras físicas y garantizar ajustes razonables en espacios públicos, su aplicación es limitada y carece de mecanismos de verificación efectivos. La Plaza IV Centenario, uno de los puntos más transitados del Centro Histórico, ofrece apenas 6 cajones de estacionamiento accesibles entre más de 120 disponibles: un 2%, muy por debajo del mínimo legal del 10%.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha señalado esta omisión en múltiples ocasiones, proponiendo mejoras junto con la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP). Sin embargo, las reuniones con el Cabildo municipal no han derivado en acciones concretas. La falta de voluntad política se traduce en rampas mal diseñadas, señalización inexistente y accesos bloqueados en zonas clave.
Además, el turismo incluyente es prácticamente inexistente. Hoteles, restaurantes y museos del Centro carecen de infraestructura adaptada, lo que excluye sistemáticamente a visitantes con discapacidad. Esta omisión no solo vulnera derechos, sino que limita el potencial económico y cultural de la ciudad.
Mientras no se garantice acceso real, la ciudad seguirá siendo parcial, excluyente y ajena a quienes más necesitan ser vistos.
