Durango: cuando la salud pública mata
El sistema de salud en Durango queda expuesto de nueva cuenta por la negligencia institucional y la falta de capacidad para garantizar lo más elemental, como es el derecho a la vida. La semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una dura recomendación al ISSSTE y al Hospital del Niño, responsabilizándolos por la muerte de un menor por meningoencefalitis.
Y es que el caso, ocurrido en noviembre del pasado año 2023, refleja una cadena de omisiones que llevó a un diagnóstico erróneo, falta de hospitalización y una tragedia que pudo evitarse. Lamentablemente, el menor murió por no recibir atención oportuna en las dos instituciones públicas, tanto en la federal como en la del municipio de la capital duranguense.
Tal desventura no es un hecho aislado. Apenas días antes, la Fiscalía General de la República informaba que ya son seis los médicos vinculados a proceso por presunta mala praxis en Durango. La cifra, aunque pequeña, visibiliza un fenómeno mucho más profundo que no puede ni debe pasar inadvertido.
La falta de protocolos eficaces, de capacitación médica constante y, sobre todo, de voluntad institucional son las carencias que deben solventarse para corregir un sistema corroído por la desidia, el colapso ético y funcional de un sistema que parece incapaz de aprender de sus errores más costosos en materia de salud, tanto pública como privada.
Todavía resuenan los atroces y aún vivos ecos del brote de meningitis, crisis sanitaria que entre 2022 y 2023 cobró la vida de 41 personas, -en su mayoría mujeres jóvenes- en clínicas privadas que operaban bajo la supuesta supervisión de las autoridades de Salud en Durango, estado que fue noticia internacional por los hechos.
En aquel episodio, en un principio el desdén institucional fue aún más lastimoso; no obstante, la transparencia brilló por su ausencia y las respuestas gubernamentales fueron, en el mejor de los casos, tardías y, en el peor, cínicamente evasivas. Hoy, con el nuevo caso del menor fallecido, queda claro que ni la memoria colectiva ni la voluntad oficial han sido suficientes para evitar nuevas tragedias.
Resulta indignante que se tenga que esperar la intervención de organismos nacionales como la CNDH para reconocer errores evidentes. La recomendación 93/2025 apunta directamente a fallas estructurales, como atención deficiente, falta de criterio clínico, diagnósticos superficiales y un sistema donde los pacientes siguen siendo tratados como números en lugar de seres humanos.
Las víctimas merecen justicia, pero también garantías de no repetición. Las autoridades, tanto federal como estatal y municipal, deben asumir que no basta con culpar al pasado. Hay vidas en juego. La reparación del daño debe ser integral, sí, pero la prevención debe ser prioritaria. No puede seguir muriendo gente por errores tan básicos. Durango no aguantaría una tragedia más por negligencia médica.
EN LA BALANZA.- En Durango La insensibilidad institucional no solo hiere, también perpetúa la impunidad. Las declaraciones del Director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Vázquez Veloz, que insinúan una posible culpabilidad de los jóvenes desaparecidos, ponen al desnudo una preocupante tendencia a criminalizar a las víctimas en lugar de buscar justicia. En vez de empatía y respuestas, las familias reciben evasivas y sospechas, como si el hecho de estar desaparecido fuera motivo suficiente para ser juzgado.
CERROS SECOS Y PELONES... Y en más de injusticias, en Gómez Palacio de nueva cuenta el llamado Palacio de Justicia fue escenario de protestas ante el actuar de jueces y magistrados. Don José Refugio Saldívar, un adulto mayor, tuvo que salir a las calles para defender lo que ha pagado con esfuerzo: su hogar. Su única petición es que se revise su situación legal con apego a la legalidad, sin documentos alterados ni declaraciones dudosas. La justicia, cuando se vuelve inaccesible o complaciente con intereses ajenos, deja de ser justicia.
X: @Vic_Montenegro