Durango está en la peor recesión económica de las últimas décadas
Durango atraviesa la mayor recesión económica de las últimas dos décadas. Y lo más preocupante es que esta caída no se debe a una crisis global, como la pandemia del 2020, sino a factores internos: falta de rumbo, de coordinación y de visión. Hoy la economía duranguense se desacelera sin que haya una causa externa que la justifique. Eso exige autocrítica, pero sobre todo acción.
La primera gran falla está en la falta de rumbo jurídico y económico. No existe una política estatal clara de fomento a la inversión. Nuestras leyes de desarrollo económico son antiguas, poco operativas y sin mecanismos que obliguen a las dependencias a cumplir metas.
La propuesta es sencilla: actualizar la Ley de Fomento Económico para incluir incentivos fiscales temporales, ventanillas únicas digitales y la figura del ‘silencio administrativo positivo’. Si el gobierno no responde en tiempo, el trámite debe considerarse aprobado, parecido a la positiva ficta pero en este caso más amplio. Esto genera certeza y atrae inversión.
Otra área crítica es la mejora regulatoria. Muchos empresarios, sobre todo los locales, enfrentan laberintos burocráticos que les quitan tiempo y dinero. La solución está en aplicar una Ley de Mejora Regulatoria con dientes, que obligue a cada dependencia estatal y municipal a digitalizar trámites, publicar requisitos y eliminar permisos duplicados. El crecimiento económico no se logra con discursos, sino con certidumbre jurídica y eficiencia administrativa.
También se ha perdido la coordinación con el sector productivo. Las cámaras empresariales y los colegios de profesionistas han sido relegados del diseño de políticas públicas. Se necesita instalar un Consejo Estatal de Competitividad y Productividad con carácter vinculante, donde participen empresarios, universidades y sociedad civil.
No como un órgano decorativo, sino como un espacio donde se evalúe el impacto real de las decisiones económicas y se propongan soluciones basadas en evidencia.
En materia de infraestructura, Durango debe modernizar su marco de Asociaciones Público-Privadas. Este mecanismo permite invertir en carreteras, parques industriales o plantas de tratamiento sin endeudar directamente al estado. Sin embargo, nuestra ley actual es limitada y desactualizada. Reformarla permitiría atraer inversión privada bajo esquemas seguros, transparentes y con supervisión ciudadana.
Otra propuesta jurídica clave es incluir en la Ley de Responsabilidades Administrativas un capítulo que sancione la omisión de políticas de desarrollo económico.
Hoy ningún servidor público es responsable por no ejecutar programas reales de atracción de inversión, aunque existan recursos aprobados. La inacción también debe tener consecuencias. Gobernar implica rendir cuentas, no solo administrar.
Durango necesita un nuevo pacto económico y legal. Uno que apueste por la innovación, por el talento local y por la transparencia. La competitividad no se construye solo con giras a China o anuncios de supuestas inversiones que nunca llegan; se construye con instituciones que funcionen, leyes que den confianza y gobiernos que cumplan lo que prometen.
Es momento de que la clase política entienda que el crecimiento económico no se ordena desde un asiento ejecutivo de un vuelo a Asia. Se construye con diálogo, con reglas claras y con compromiso.
Hoy el reto no es solo buscar atraer una gran empresa extranjera, sino también crear condiciones para que los duranguenses puedan invertir, producir y prosperar en su propia tierra.
Durango tiene potencial, ubicación estratégica y talento. Pero sin un marco legal moderno y sin coordinación con el sector privado, ese potencial seguirá dormido. Es hora de actuar con responsabilidad, con visión y con sentido de Estado. La recesión en Durango ya se siente, y no se ve la luz al final del túnel.
@AntonioBrachoM