El Estado paralelo

El asesinato de un par de empresarios citrícolas, un líder de empresarios dedicados a la siembra y comercialización del limón en Michoacán y de un empresario naranjero en Veracruz, ambos a manos del crimen organizado y relacionados al "cobro de piso" que denunciaban o por su liderazgo para organizar a las víctimas de este delito y tratar de defenderse de quienes se apropian ilegalmente de una parte de la riqueza que generan con su trabajo.

La extorsión o "cobro de piso" a los empresarios en las zonas productoras de aguacate y limón en Michoacán se ha documentado ampliamente a través de los años: investigaciones periodísticas, denuncias por parte de líderes sociales y asesinatos de quienes se han opuesto a estas prácticas. Prácticamente toda la cadena de producción y comercialización de limón y aguacate en Michoacán está sujeta a el cobro de extorsiones por parte de grupos del crimen organizado a los empresarios agrícolas y comercializadores de estos productos.

En otras ocasiones ya se ha comentado en esta columna que el objetivo último del crimen organizado, si se le permite, es la maximización de la extracción de rentas, lo cual se hace mediante la violencia en todas las actividades económicas en las que tienen presencia. En otras palabras, si se les permitiera hacerlo, su objetivo último sería cobrar (extraer rentas), mediante la violencia, a todos los ciudadanos por todas las transacciones que realicen.

De hecho, cuando usted realiza compras de limón o aguacate que provienen de Michoacán, seguramente usted está pagando un "impuesto" al crimen organizado, ya que el "cobro de piso" está incluido en el precio final al que usted compra estos productos.

El nivel de descomposición social en nuestro país se muestra en toda su dimensión con la estructura paralela, una especie de "estado" paralelo, que ha implementado el crimen organizado en muchas zonas del país y que realiza, de manera eficiente, dos de las facultades exclusivas que originalmente realiza cotidianamente cualquier estado nacional mediante sus instituciones: impone impuestos a la riqueza que generan los ciudadanos con el objetivo de redistribuirla mediante la protección y garantía de derechos humanos y sociales para toda la población y, además, puede utilizar la violencia, representada por la privación de la libertad a los ciudadanos que no respetan la ley.

Claramente el proceso de descomposición social que vivimos no es nuevo ni comenzó con el cambio de régimen, ha tenido una evolución de décadas, sin embargo, lamentablemente en lugar de avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos más elementales ahora los ciudadanos estamos en una condición de mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado, al que se le ha dejado el dominio territorial de muchas zonas del país. La extorsión o "cobro de piso" mediante amenazas fundadas de utilizar la violencia, como ha ocurrido por décadas en Michoacán o Veracruz, es una muestra para todos los participantes en estas cadenas productivas, de las reglas simples con las que operan estas estructuras criminales: o se les paga o hay una amenaza creíble de secuestro, tortura o homicidio.

El homicidio de estos empresarios en Michoacán y Veracruz es la última de muchas señales que llevan años repitiéndose y que muestran los niveles de descomposición social que tenemos como país, la cual lamentablemente tiene su origen en la incapacidad de los tres niveles de gobierno de defender los derechos humanos más elementales para una persona: la vida y propiedades de las personas.

La descomposición social está tan arraigada en las zonas en que opera el crimen organizado que la única solución viable es generar, desde diferentes instituciones del gobierno mexicano, una batería de incentivos (en el sentido económico del término) que pueda ir generando condiciones para que estos grupos tengan cada vez menor impacto en los procesos productivos.

Un ejemplo de esto es como fue disminuyendo Italia la presencia de la mafia en diversas actividades económicas. Un apunte elemental: estas estrategias no incluyen abrazos, sino estrategias legales y de regulación financiera para hacer que los líderes de estas estructuras criminales no hagan uso de los ingresos que obtienen ilegalmente, además de recuperar la capacidad económica de las distintas zonas del país mediante una estrategia de seguridad integral. Lamentablemente hasta ahora no existen indicios de que el régimen tenga intenciones de seguir este tipo de acciones.

X: @jesusmenav