El intento de rapto en Durango destapa abandono institucional hacia personas con trastornos mentales
El caso de una mujer en situación de calle que intentó arrebatar a un niño a plena luz del día en Durango expone la deuda estructural con las personas con trastornos mentales y adicciones
La mañana del miércoles 6 de agosto, en la colonia Olga Margarita, una mujer en situación de calle, de la cual se presume padece esquizofrenia, intentó arrebatar de los brazos a un niño de dos años mientras caminaba con su madre.
El hecho, captado en video y ampliamente compartido en redes sociales, generó una fuerte reacción social por lo alarmante de la escena… pero también abrió la puerta a una pregunta más compleja: ¿qué hacen las autoridades locales para atender a las personas que viven en las calles y que, además, padecen trastornos mentales o adicciones?
La respuesta es, en el mejor de los casos, dispersa.
En Durango, como en buena parte del país, la atención a personas en situación de calle con afectaciones en sus facultades mentales o bajo los efectos de sustancias se mueve entre esfuerzos aislados, falta de coordinación y vacíos legales.
Por un lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reiterado que ningún ayuntamiento puede realizar detenciones forzadas ni internamientos involuntarios sin una orden médica y judicial, a menos que exista un peligro inminente para terceros, como ocurrió en este caso.
Por otro lado, instituciones como el DIF estatal o la Secretaría de Salud han implementado operativos intermitentes de atención, aunque muchos terminan en traslados temporales a hospitales, sin seguimiento o estrategias de reintegración reales.
La Ley de Salud Mental del estado de Durango contempla mecanismos de atención psiquiátrica en casos de urgencia, pero su aplicación es limitada cuando se trata de personas sin red familiar, sin identificación o sin domicilio fijo.
Y ahí radica parte del problema: la calle, en sí misma, invisibiliza. No hay un censo actualizado de personas en esta condición. No hay diagnóstico claro ni política pública de largo plazo. Lo que hay son escenas como la del jueves, que evidencian una crisis que se quiso ignorar… hasta que ya no se pudo.
Mientras tanto, la mujer huyó del lugar con rumbo desconocido, y la familia, visiblemente afectada por la experiencia acudió ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a interponer la denuncia correspondiente con la esperanza de que se pueda hacer algo al respecto, pues la mujer es un peligro para los habitantes de la zona.
El niño, por fortuna, resultó ileso. Pero la historia no termina ahí: ni para la madre que sufrió el susto, ni para la mujer que, evidentemente, necesita algo más que una celda, son casos que requieren un tratamiento especial y que el estado está en la obligación de proveerlo.
En entrevista para El Siglo de Durango, la diputada Gabriela Vázquez Chacón, aseguró que en pláticas recientes con el Coordinador Estatal de Protección Civil, la cifra actual rondaría a los 200 indigentes, lo que ilustra la gravedad del problema en la ciudad capital.
Y es que detrás de cada incidente como este, hay un trasfondo más profundo: la falta de un sistema que entienda que algunas personas no pueden, ni deben, ser abandonadas a su suerte.