'El Limones': Durango, fuera del círculo de confianza de la 4T
La reciente detención de Édgar "N", alias "El Limones", vuelve a exhibir ese patrón de desconfianza que la federación tiene sobre las autoridades Durango en materia de seguridad, y que, desde donde se le quiera ver, ya no es posible ignorar. Cuando Omar García Harfuch decide actuar, pese a cualquier acuerdo de colaboración, lo hace al margen del gobierno estatal, sin avisos y sin más cortesías políticas.
Tal y como lo expusimos en la pasada entrega de este espacio editorial, con el operativo en la Vicefiscalía de Lerdo ya había quedado claro que Palacio Nacional opera bajo una lógica de intervención directa. La captura del presunto extorsionador no es más que otra evidencia de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya no se fía de las instituciones de seguridad y justicia de nuestro estado.
Más allá del despliegue militar y táctico en varios puntos de Durango y La Laguna, lo que además se expone es un quiebre institucional, pues la orden de aprehensión no fue solicitada a un juez por parte la Fiscalía de Durango, sino por la de Coahuila. Es decir, el vecino estado, no el nuestro, fue el que entregó la base legal para detener a un objetivo prioritario que operaba mayormente en territorio duranguense.
En política, no hay casualidades. Y si alguien duda de que esto fue un mensaje para el gobernador Esteban Villegas, basta con observar el trato diametralmente distinto que Omar García Harfuch -hoy figura central del gabinete de seguridad de la 4T- ha tenido con Coahuila y el gobernador de aquel estado, el priista Manolo Jiménez.
Y es que, horas después del arresto de "El Limones", Harfuch agradeció públicamente al gobierno de Manolo Jiménez por su colaboración. El mandatario coahuilense respondió con un #CoahuilaSeguroYEnOrden que, más que un lema o simple hashtag, sonó a certificado de solvencia institucional, lo que por supuesto reavivó el recelo de nuestro inquilino en el Bicentenario.
Unos meses atrás, en octubre para ser más precisos, Harfuch ya había reconocido públicamente a Coahuila como "ejemplo nacional" en materia de seguridad, acreditándole como la segunda entidad más segura del país. Cinco días antes de este último operativo, secretario y mandatario se reunieron en Saltillo para afinar la estrategia a seguir.
El contexto político claramente no favorece al gobernador Esteban Villegas. La relación está fracturada, aunque en el discurso oficial y con el aplausómetro oficioso se siga insistiendo en una supuesta "coordinación permanente". Los mensajes apuntan a que, en los hechos, Coahuila opera como aliado mientras Durango ocupa el papel del sospechoso.
El silencio del gobierno de Esteban Villegas y del mismo mandatario, respecto a este operativo y el porqué Coahuila -y no la Fiscalía duranguense- fue la entidad de justica la que solicitó la orden de aprehensión, profundiza aún más la percepción de que la Federación -sustentada en la desconfianza- está tomando las riendas de la seguridad en el estado de Durango.
EN LA BALANZA.- El caso de Cristhia Gallegos no solo revela fallas graves en la ruta procesal y el enrarecimiento que hacen suponer algunos indicios de influyentismo y abuso de fuero por parte de su exesposo, el diputado por Movimiento Ciudadano, Martín "N". El proceso judicial al que se enfrenta Cristhia expone además una herida profunda en el recién "renovado" Poder Judicial de Durango. Una jueza -candidata única electa bajo el nuevo modelo y beneficiaria de una reforma que prometía profesionalismo, independencia y preparación técnica- le advirtió a la imputada en una primera audiencia que su silencio podrá ser usado en su contra. Más allá de un desliz, esto es una violación frontal a un derecho humano básico y un recordatorio alarmante de que la elección de jueces no garantiza capacidad, mucho menos justicia.
X: @Vic_Montenegro