El nuevo poder judicial
Con una participación de alrededor de 13% del padrón electoral a nivel nacional y con un alto número de votos nulos se cumplió el último paso de la estrategia anunciada desde la campaña electoral del año 2024: la captura del Poder Judicial por parte del régimen político.
Desde el régimen se anuncia el éxito de la elección: trece millones de participantes; desde la oposición se festeja la falta de respaldo popular a la elección judicial: nueve de cada diez mexicanos consideraron, por una diversidad de razones, no participar en la elección, lo que resta legitimidad a quienes resultaron electos.
Lo que sucedió el pasado 1 de junio era de todos conocido: movilización de electores por parte de grupos de interés, en primer lugar, la maquinaria que tiene el régimen a nivel federal y en los estados que gobierna, seguidos por gobiernos locales, sindicatos, y eventualmente se conocerá que papel tuvo el crimen organizado en sus zonas de influencia.
Quienes aparecieron en los "acordeones" repartidos por el régimen y los grupos de interés que participaron en esta "elección" son los ganadores de los puestos más importantes: los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los del Tribunal de Disciplina Judicial, el tribunal que cuidará que los juzgadores federales no se aparten de los dictados del régimen.
En la práctica será imposible, por ejemplo, que un juez emita algún amparo en contra de obras de infraestructura prioritarias del régimen, como sucedió durante el sexenio anterior, cuando miembros del Poder Judicial de la Federación tuvieron la osadía de emitir amparos que detuvieron temporalmente las obras de infraestructura como el tren maya, por ejemplo.
Quienes fueron elegidos en estas dos instancias, las de mayor influencia institucional, tienen la misión de evitar que la impartición de justicia se interponga a los intereses del régimen. Si algún proyecto o acción gubernamental viola derechos humanos, no habrá un poder judicial independiente que defienda al ciudadano.
Curiosamente el nuevo Poder Judicial que emana de la elección judicial será la antítesis de la frase atribuida a José María Morelos y Pavón: "que todo aquél que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario".
En el contexto que estamos viviendo el fuerte y arbitrario está representado por el régimen político que ahora tiene control completo de las funciones del gobierno: legisla, ejecuta y dicta justicia. La justicia no estará dictada por criterios pro derechos humanos, todavía vigentes en la Constitución pero que serán letra muerta, sino por los intereses del régimen.
Muchos de aquellos que votaron de buena fe por esta agenda de cambios en 2024, sin conocer la instrumentación de los mismos, sufrirán la justicia que viene: en algún momento, algunas de estas personas tendrán que poner sus bienes a disposición del gobierno para que se ejecute una obra de infraestructura; otros tendrán que ver partir a sus seres queridos por falta de medicamentos.
En ningún caso de interés del régimen procederá un amparo para obligar al gobierno a respetar derechos humanos por acciones que el mismo gobierno realice: daños ambientales; abusos por parte de las fuerzas de seguridad; apropiación de propiedad privada; falta de medicamentos y un largo etcétera de acciones de gobierno que, en la práctica, no podrán ser combatidas en tribunales.
X: @jesusmenav