El recrudecimiento de nuestra inseguridad interna
México atraviesa un proceso de crecimiento de su inseguridad interna caracterizado por el aumento sostenido de la violencia, la expansión territorial de los grupos criminales y la pérdida de control institucional en amplias zonas del país. 'Exhibiendo la acción delictiva organizada' a una débil estructura funcional de gobierno federal y entidades federativas para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, garantizar vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de la población. El Pacto Federal Mexicano, sustentado en la subsidiariedad, establece -que las competencias en seguridad deben distribuirse de modo que cada orden de gobierno federal, estatal y municipal asuma las funciones que puede ejercer con mayor eficacia, evitando centralización excesiva o la delegación irresponsable - "Desvirtuándose en la práctica, por la fragmentación institucional, politización de la seguridad y la dependencia de las fuerzas armadas en tareas de orden civil".
Incrementa nuestra inseguridad la captura de los elementos Pueblo, Territorio y Gobierno del Estado Mexicano por organizaciones criminales, quienes asumen el control de economías locales, corredores logísticos, autoridades estatales y municipales, infiltración de estructuras político-administrativas; centralización del orden jurídico; fragmentación e ineficiencia del "Sistema Nacional de Seguridad Pública"; manejo de bases de datos inconexas, duplicadas e incompatibles; y la falta de coordinación operativa entre fuerzas federales y estatales.
Se presenta un desbalance en la "Subsidiariedad del Pacto federal" porque los municipios carecen de capacidades técnicas y presupuestales; les asignan cargas desproporcionadas y la Federación toma decisiones estratégicas sin tomarlos en cuenta. Se exhibe una "politización y uso faccioso de la seguridad", donde las políticas públicas varían según los ciclos electorales, sin continuidad institucional ni evaluación objetiva, lo que normaliza la violencia.
"Se sacrifican seguridad y desarrollo sostenible por resultados políticos inmediatos, poniendo en riesgo el progreso y la supervivencia misma de nuestra sociedad"
Nuestra inseguridad alcanza raíces estructurales profundas. La progresiva debilidad del Estado de Derecho y la corrupción sistémica permiten la colusión impune entre autoridades y grupos criminales, erosionando la legitimidad institucional. La centralización de la seguridad en el poder federal y fuerzas armadas debilita gobiernos locales y rompe corresponsabilidad del pacto federal. Además, la falta de una política criminal integral impide articular prevención, persecución del delito, justicia penal y reinserción. La desigualdad regional y el abandono institucional mantienen a muchos municipios sin recursos, policías capacitados ni sistemas de inteligencia, perpetuando la violencia y la impunidad.
"El sistema mexicano de seguridad pública enfrenta una crisis de subsidiariedad y coordinación, en la que el Pacto Federal no se traduce en eficacia operativa ni en corresponsabilidad real".
La inseguridad interna ha aumentado porque la Federación concentra poder, los estados carecen de capacidades plenas, y los municipios han sido marginados del esquema de seguridad. Esto genera vacíos institucionales que el crimen organizado ocupa con estructuras propias de control social y económico; el gobierno federal no articula su acción coercitiva con la participación ciudadana, ni integra los sistemas de inteligencia, justicia y desarrollo bajo un mismo marco estratégico de gobernabilidad.
Se requiere "reafirmar la subsidiariedad" del Pacto Federal en materia de seguridad y desarrollo, estableciendo criterios vinculantes de corresponsabilidad operativa, federalización de delitos de alto impacto y fortalecimiento policial y judicial en los estados y municipios. "Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia y de Información Criminal" integrando bases de datos bajo estándares únicos de clasificación, interoperabilidad, trazabilidad (seguimiento de información) y 'reducir gradualmente la participación militar en seguridad pública.
"Restituyendo funciones a corporaciones civiles con supervisión técnica y profesionalización bajo estándares estrictos y juiciosos permanentes".
Recuperar la seguridad pública requiere un financiamiento federal diferenciado que asigne recursos según el riesgo y capacidad institucional de cada entidad, acompañado de controles de desempeño. Garantizar la continuidad y despolitización de las estrategias aplicando responsable y congruentemente la ley, con evaluaciones técnicas independientes. Impulsar vigorosamente la participación ciudadana y la inteligencia social con mecanismos comunitarios de anticipación, prevención, denuncia y confianza, enfatizando en la transparencia y rendición de cuentas.
La escalada de la inseguridad interna no solo muestra el avance del crimen: exhibe la intencional disfunción actual del federalismo mexicano, que impide garantizar la seguridad como bien individual y público, al escatimar los apoyos financieros y operativos con resultados positivos a las entidades federadas
Recuperemos el principio de subsidiariedad nacional efectivo que nos une, garantizando capacidades reales, coordinación colaborativa vertical y corresponsabilidad transversal; de lo contrario, los violentos persistirán como evidencia de un Estado Nacional fragmentado, más reactivo que estratégico.
"Reconfigurando nuestro Sistema de Seguridad Nacional para que nos dé una estabilidad, verdaderamente integrada, sostenible y centrada en el bienestar individual y colectivo, sin diferencias".
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.